El debate sobre la reforma excede la discusión monetaria y plantea una disputa de fondo sobre el rol del Estado en la economía. Mientras el Gobierno defiende reglas permanentes que restrinjan la intervención pública y prioricen la estabilidad monetaria, sectores opositores advierten que una mayor rigidez institucional podría reducir la capacidad de respuesta frente a escenarios excepcionales y condicionar las decisiones de futuras administraciones democráticamente elegidas.