La morosidad se convirtió en una problemática creciente que afecta tanto a los hogares como al sector productivo, con un fuerte impacto en la provincia de Buenos Aires y también en Junín. Los datos disponibles muestran un deterioro significativo de la capacidad de pago, especialmente entre las familias.
Según un informe del Gobierno bonaerense, la morosidad familiar alcanzó el 12,8% en mayo de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. El incremento evidencia un fuerte deterioro en la capacidad de los hogares para afrontar sus obligaciones financieras. La situación es aún más compleja en los créditos otorgados por entidades no bancarias, donde la mora llega al 33%.
Las tarjetas de consumo y las fintech también muestran un marcado aumento de los incumplimientos. En el primer caso, la morosidad pasó del 10,5% al 36,4%, mientras que en las plataformas financieras digitales aumentó del 5,7% al 24,5%.
Los datos del Banco Central también reflejan el deterioro. En mayo, la irregularidad del crédito alcanzó el 7,7% considerando al sector privado en su conjunto. La morosidad de las familias registró un incremento importante, mientras que en las empresas llegó al 3,5%.
En Junín, el problema adquiere una dimensión particularmente relevante. El distrito registra un 13,96% de población con deudas en situación irregular, ubicándose entre los municipios con mayor nivel de endeudamiento familiar de la Cuarta Sección, detrás de Florentino Ameghino y Bragado.
El especialista en finanzas Walter De Antoni explicó que no existe una única problemática de morosidad, ya que las causas y consecuencias son diferentes entre familias y empresas. En los hogares, señaló como factores centrales el crecimiento de la deuda de tarjetas y el uso de créditos otorgados por billeteras virtuales y fintech, que pueden implicar costos financieros elevados y dificultar la salida del endeudamiento.
En el sector empresarial, en cambio, la morosidad es menor en términos generales, aunque existen actividades particularmente afectadas. La construcción, el comercio y la gastronomía aparecen entre los sectores con mayores dificultades, en un contexto de menor demanda y reducción del consumo.
De Antoni planteó la necesidad de encontrar mecanismos de refinanciación que permitan reducir el peso de los intereses y extender los plazos de pago. Por su parte, el economista Guillermo Fontán sostuvo que el problema excede la relación entre acreedores y deudores y requiere una intervención del Banco Central mediante herramientas que faciliten la reconversión de las deudas.
Fontán consideró que la morosidad dejó de ser un problema exclusivamente individual para transformarse en una cuestión social y económica. La pérdida de poder adquisitivo reduce el ingreso disponible de las familias y, al mismo tiempo, limita el consumo. Esa menor demanda repercute sobre las empresas, reduce la producción y termina afectando la inversión y el empleo.
El endeudamiento creciente genera así un círculo difícil de romper: los hogares destinan una mayor proporción de sus ingresos al pago de deudas, consumen menos y las empresas enfrentan una demanda más débil. A su vez, la falta de crédito limita las posibilidades de inversión y recuperación.
El escenario plantea un desafío que trasciende las finanzas personales. Si la morosidad continúa aumentando sin mecanismos eficaces de reestructuración, puede profundizarse el deterioro del consumo y de la actividad productiva. Por eso, la discusión ya no pasa solamente por cómo cobran los bancos o cómo pagan las familias, sino por qué políticas pueden evitar que el endeudamiento se transforme en un obstáculo estructural para la recuperación económica.
