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El desvío de fondos públicos bajo la lupa: cuestionamientos al equilibrio fiscal de Milei y Caputo.

El planteo sostiene que el Gobierno no solo habría utilizado fondos destinados al mantenimiento de rutas para otros fines, sino que también existirían desvíos de partidas originalmente asignadas a infraestructura hídrica, ferroviaria y transporte automotor.

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La diputada Marcela Pagano denunció que el Gobierno de Javier Milei habría implementado un mecanismo para desviar recursos destinados originalmente a servicios e infraestructura, con el objetivo de reforzar las cuentas fiscales.

Según la legisladora, la maniobra sería similar a la detectada con los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles, que debían utilizarse para obras viales pero que, de acuerdo con la denuncia, fueron derivados hacia el Ministerio de Economía.

El nuevo planteo incluye recursos vinculados con servicios de agua, transporte ferroviario y colectivos, además de fondos destinados a obras hidráulicas para prevenir inundaciones. Pagano sostiene que estos recursos provienen de impuestos específicos y fondos fiduciarios que deberían tener destinos determinados.

La legisladora, que se alejó de La Libertad Avanza, anticipó que llevará el caso a los tribunales federales de Comodoro Py, donde denunciará posibles delitos de malversación de fondos públicos, administración fraudulenta y abuso de autoridad.

Según su estimación, el volumen total de recursos que habrían sido reasignados alcanzaría aproximadamente 4.000 millones de dólares.

El caso plantea una cuestión de fondo sobre la estrategia fiscal del Gobierno: si el superávit se sostiene mediante la utilización de recursos que tenían destinos específicos, el equilibrio de las cuentas públicas puede estar acompañado por un deterioro de servicios e infraestructura. La discusión, por lo tanto, no se limita al nivel de gasto estatal, sino también al destino efectivo de los fondos recaudados.

Si las denuncias fueran confirmadas, el impacto excedería la discusión contable y podría comprometer obras vinculadas con la prevención de inundaciones y el funcionamiento del sistema de transporte. También abriría un debate sobre los límites legales y políticos de utilizar recursos afectados a finalidades concretas para mejorar el resultado fiscal.

https://x.com/Marcelampagano/status/2089554831090307385?s=20

Según su planteo, el mecanismo utilizado con los recursos destinados a las rutas nacionales también se habría aplicado a fondos específicos para obras hídricas, ferrocarriles y transporte automotor.

Uno de los principales casos señalados es el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, financiado mediante el Impuesto a los Combustibles y destinado a obras de saneamiento y prevención de inundaciones. Pagano sostiene que desde 2024 se acumularon alrededor de 375.000 millones de pesos, pero que solo se habría ejecutado una parte de esos recursos, mientras una proporción importante quedó colocada en instrumentos del Tesoro.

La situación genera especial preocupación por las obras pendientes. Según la denuncia, 28 de 49 proyectos financiados por el fondo se encuentran paralizados, entre ellos trabajos vinculados con el Plan Maestro del Río Salado, detenido desde febrero de 2025. Para la legisladora, mantener esos recursos en instrumentos financieros mientras se postergan obras hidráulicas implica trasladar el riesgo hacia las comunidades que pueden sufrir inundaciones.

Pagano sostiene que este mecanismo no sería un hecho aislado. También cuestionó el destino de recursos del Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y del Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau), fondos creados para financiar servicios y compensaciones vinculadas con trenes y colectivos. A esto sumó interrogantes sobre fondos fiduciarios disueltos, como los relacionados con Procrear, infraestructura regional y emergencias por incendios.

La denuncia plantea así una cuestión central sobre el denominado equilibrio fiscal: el superávit puede mejorar si los recursos destinados a obras y servicios no se ejecutan, pero esa reducción del gasto no necesariamente significa una mejora estructural de las cuentas públicas. El costo puede aparecer posteriormente en forma de infraestructura deteriorada, obras paralizadas y menor calidad de los servicios.

https://x.com/Marcelampagano/status/2089554816963924092?s=20

Desde el Gobierno, el vocero presidencial Adrián Ravier rechazó que exista malversación. Sostuvo que los fondos no son desviados y que parte del dinero recaudado se mantiene invertido para evitar que pierda valor. Sin embargo, esta explicación deja abierta la discusión sobre una cuestión fundamental: si los recursos fueron creados con una finalidad específica, hasta qué punto pueden permanecer colocados financieramente en lugar de utilizarse para las obras y servicios para los que fueron recaudados.

El caso ya derivó en presentaciones judiciales por el presunto manejo discrecional de fondos públicos. La disputa, por lo tanto, excede la discusión política entre oficialismo y oposición: deberá determinarse si hubo simplemente una decisión de administración financiera dentro del marco legal o si, como sostiene la denuncia, se incumplieron los destinos establecidos para esos recursos.

https://x.com/Marcelampagano/status/2089554847129342388?s=20

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