El aumento de tarifas y el impacto de las bajas temperaturas volvieron a golpear el bolsillo de los hogares.

El costo de los servicios públicos volvió a dispararse en mayo y profundizó la presión sobre los ingresos familiares en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según el informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP, un hogar promedio del AMBA necesita casi 250.000 pesos mensuales para cubrir electricidad, gas, agua potable y transporte público, lo que representa una suba del 17,5 por ciento respecto de abril.

El incremento estuvo impulsado principalmente por el aumento del consumo energético asociado a las bajas temperaturas y por las actualizaciones tarifarias derivadas de la reducción de subsidios. El gas natural fue el servicio que más aumentó: las facturas subieron 53,3 por ciento en un solo mes debido a la combinación de mayores consumos estacionales y aumentos tanto en cargos fijos como variables.

En electricidad, el escenario fue similar. El mayor uso de energía de cara al invierno, sumado a las subas tarifarias, provocó un incremento del 37,8 por ciento para usuarios N1, es decir, aquellos que no reciben subsidios estatales. Para los hogares subsidiados, el Gobierno aplicó una bonificación extraordinaria del 10,67 por ciento sobre el consumo base durante el trimestre mayo-julio, elevando además el límite subsidiado de 150 a 300 kWh mensuales para amortiguar parcialmente el impacto del invierno.

El transporte también continuó encareciéndose. El gasto total aumentó 3 por ciento respecto del mes anterior, impulsado por la actualización de tarifas en las líneas que dependen de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso del agua potable, el ajuste fue de 5,9 por ciento por efecto combinado de la actualización tarifaria, el mayor número de días del mes y el nuevo esquema de aumentos mensuales.

La canasta total para un hogar sin subsidios quedó conformada por aproximadamente 49.972 pesos en gas, 52.811 en electricidad, 110.438 en transporte y 36.612 en agua. Actualmente, las tarifas abonadas por los hogares cubren en promedio el 58 por ciento del costo real de los servicios, mientras el Estado financia el 41 por ciento restante mediante subsidios.

El informe también expone la magnitud del encarecimiento acumulado desde la llegada al poder de Javier Milei. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, la canasta de servicios públicos aumentó alrededor de 800 por ciento, muy por encima de la inflación acumulada del período, estimada en 231 por ciento. Es decir, los servicios esenciales crecieron a un ritmo más de tres veces superior al nivel general de precios.

En la comparación interanual, la canasta de servicios registró una suba del 50 por ciento frente a una inflación general del 34 por ciento. Esta diferencia incrementó significativamente la incidencia de las tarifas sobre los salarios: actualmente, los servicios públicos representan el 14,1 por ciento del salario promedio registrado, cuando un año atrás absorbían el 11,7 por ciento.

El relevamiento refleja así cómo el proceso de recomposición tarifaria impulsado por el Gobierno se convirtió en uno de los principales factores de deterioro del poder adquisitivo, especialmente en los meses de mayor demanda energética.