Una confesión reveló el funcionamiento de un grupo de tareas en Campo de Mayo

A cincuenta años del golpe de Estado, Junín al Minuto recupera investigaciones periodísticas que contribuyeron al proceso de memoria, verdad y justicia. Entre ellas se encuentra el análisis de un documento administrativo que permitió reconstruir el accionar de la Sección de Operaciones Especiales (SOE) en Campo de Mayo, estructura que participó en la represión de la denominada Contraofensiva de Montoneros entre 1979 y 1980.

La pieza central es un descargo presentado en 1991 por el ex militar Eduardo Francisco Stigliano en el marco de un trámite administrativo ante el Ejército. En ese escrito, el represor describió en primera persona prácticas ilegales que incluyeron ejecuciones de prisioneros mediante inyecciones de ketamina —mencionada bajo el nombre comercial Ketalar— y la posterior disposición de los cuerpos para ser arrojados al Río de la Plata desde aeronaves militares. También refirió fusilamientos ordenados por autoridades superiores.

El documento fue hallado entre 2006 y 2007 durante tareas de revisión de archivos impulsadas por la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Actualmente constituye una prueba relevante en el proceso judicial que investiga el asesinato y desaparición de militantes que regresaron al país en el marco de la Contraofensiva.

Según la reconstrucción oficial, la SOE operaba dentro del ámbito de Campo de Mayo y dependía del Comando de Institutos Militares. Aunque no figuraba formalmente en los organigramas, funcionaba como un grupo de tareas integrado por personal que rotaba en comisiones temporarias. La estructura habría estado compuesta por entre 20 y 30 miembros por período, incluyendo efectivos del Ejército, la Gendarmería y el Servicio Penitenciario Federal.

La investigación judicial, a cargo de la jueza Alicia Vence, abarca actualmente 85 víctimas y procura integrar las distintas áreas represivas que intervinieron. Además de la SOE, se analiza la actuación del Batallón de Inteligencia 601, que operaba tanto en el exterior como en territorio nacional. Parte de su responsabilidad ya fue abordada en un proceso anterior instruido por el juez Ariel Lijo.

En las últimas semanas, Vence convocó a declaración indagatoria a trece ex integrantes del Ejército. Cinco de ellos quedaron bajo arresto domiciliario, entre los que se encuentran Ricardo Pianta, ex jefe del Ejército durante el gobierno de Raúl Alfonsín; Raúl Muñoz, ex intendente interventor de Florencio Varela; y Roberto Dambrosi, ex jefe de la Compañía de Actividad Psicológica del Batallón 601.

Los familiares de las víctimas reclaman que se amplíe el alcance de la investigación y se convoque a declarar a todos los presuntos responsables identificados a partir del análisis documental. Las querellas sostienen que la reconstrucción permitió individualizar a decenas de integrantes de las “patotas” y cuadros medios con responsabilidad operativa directa.

En su descargo, Stigliano alegó padecer secuelas psicológicas derivadas de las tareas que, según afirmó, le fueron ordenadas ejecutar. Incluso mencionó visitas de altos mandos militares a centros clandestinos y amenazó con revelar información adicional si su situación no era atendida. Tras su fallecimiento, se realizaron allanamientos en su domicilio y estudios jurídicos vinculados, aunque no se halló la documentación que afirmó resguardar.

El hallazgo de ese expediente permitió avanzar en la identificación de una estructura hasta entonces poco documentada y aportó elementos de prueba en una causa que busca establecer responsabilidades penales por delitos de lesa humanidad cometidos en uno de los principales centros de detención clandestina del país.

Representantes de las víctimas señalaron que los avances son significativos, pero sostienen que resta profundizar la investigación para que todos los responsables sean sometidos a proceso. La causa continúa en etapa de indagatorias y análisis probatorio.