El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que Manuel Adorni continúa con custodia oficial por razones de seguridad y aseguró que el Ejecutivo no abrirá una auditoría propia sobre el exfuncionario, al considerar que la causa ya está en manos de la Justicia.
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Adorni conserva la custodia oficial tras dejar el Gobierno y descartan una investigación interna
La Casa Rosada confirmó que Manuel Adorni continúa bajo custodia oficial pese a haber dejado el Gobierno, una decisión que reavivó el debate sobre el alcance de los beneficios de seguridad que reciben los exfuncionarios una vez finalizada su gestión.
La confirmación fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien explicó que la medida se mantiene «por motivos de seguridad». Aunque evitó brindar mayores precisiones sobre los fundamentos de esa decisión, reconoció que el exjefe de Gabinete continúa contando con protección de la Policía Federal.
Consultado sobre una eventual investigación interna, Ravier descartó que el Ejecutivo haya iniciado una auditoría administrativa. Argumentó que el expediente ya se encuentra en la Justicia y sostuvo que será ese ámbito el encargado de determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
Adorni presentó su renuncia hace diez días en medio de cuestionamientos por presuntas inconsistencias entre sus ingresos y su declaración jurada patrimonial, situación que dio lugar a distintas denuncias judiciales que actualmente son investigadas.
La continuidad de la custodia fue denunciada públicamente por la diputada nacional Marcela Pagano, quien aseguró que el exfuncionario seguiría disponiendo de efectivos de la Policía Federal y de un vehículo oficial con chofer para su movilidad personal. Según planteó, esos recursos deberían estar vinculados exclusivamente al ejercicio de una función pública y no mantenerse una vez concluido el cargo.
En su presentación, la legisladora sostuvo que, de confirmarse esos hechos, podrían configurarse presuntos delitos de peculado, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. Además, cuestionó la ausencia de un acto administrativo que justifique la asignación de esos recursos, así como la inexistencia de una evaluación formal de riesgo que respalde la continuidad del esquema de seguridad.
Mientras la investigación judicial avanza, el Gobierno ratificó que no impulsará medidas administrativas paralelas y mantendrá el resguardo oficial para Adorni, al menos de manera provisoria, bajo el argumento de razones de seguridad.
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