Las pruebas que respaldan la investigación contra Eizaguirre.

Durante las audiencias de juicio oral realizadas los días 19 y 26 de junio, la Fiscalía presentó un conjunto de pruebas destinadas a sostener que Leandro Eizaguirre asumió conscientemente el riesgo de provocar un resultado fatal al conducir en condiciones altamente peligrosas.

La acusación reconstruyó el siniestro ocurrido el 23 de febrero de 2025 en el cruce de la Ruta Nacional 7 y la Circunvalación Eva Perón mediante testimonios de policías, médicos, testigos presenciales, un perito accidentológico y las filmaciones incorporadas al debate.

Según la hipótesis fiscal, Eizaguirre, al mando de un Mercedes Benz 220, cruzó un semáforo en rojo e impactó contra la motocicleta en la que circulaban Roy Cristian Pernicce y su hijo Ian Santino. El choque provocó la muerte inmediata de Pernicce y dejó al menor con graves lesiones.

Uno de los elementos centrales de la acusación fue el relato del fiscal de Vedia, Ignacio Fernández, quien circunstancialmente transitaba por el lugar con su familia. Su declaración indicó que el imputado ya conducía de manera temeraria antes del impacto, realizando maniobras en zigzag, circulando por la banquina y a una velocidad excesiva entre las rutas 65 y 7. A ello se sumó la evidencia de que había consumido cocaína antes del hecho.

La Fiscalía también destacó la conducta posterior al choque. Sostuvo que Eizaguirre intentó alejarse de la escena sin asistir a las víctimas y que solo fue detenido cuando su vehículo dejó de funcionar y fue interceptado por efectivos policiales. Los testigos señalaron que, pese a mostrarse eufórico, se encontraba lúcido y nunca manifestó interés por el estado de las víctimas, ni en el momento del hecho ni durante el proceso judicial.

Uno de los momentos más conmovedores del juicio fue la declaración de Ian Santino, quien recordó que, tras el impacto, insistía en asistir a su padre practicándole maniobras de reanimación porque sabía cómo hacerlo. El menor aún enfrenta un proceso de recuperación por las múltiples fracturas sufridas.

En los alegatos finales, la Fiscalía y el Particular Damnificado coincidieron en solicitar que el hecho sea calificado como homicidio simple con dolo eventual y reclamaron una pena de trece años de prisión. La defensa, en cambio, sostuvo que se trató de un homicidio culposo agravado y aceptó una eventual condena de tres años.

La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Junín será determinante para establecer si las pruebas reunidas alcanzan para acreditar que el imputado no solo infringió las normas de tránsito, sino que aceptó conscientemente la posibilidad de causar una tragedia, eje central sobre el que gira todo el proceso.-