Más tierras ferroviarias en venta: avanza la subasta de predios en Palermo.

El Gobierno nacional amplió el proceso de venta de bienes del Estado con la subasta de dos nuevos terrenos ferroviarios ubicados sobre la avenida Juan B. Justo, en el barrio porteño de Palermo. Los lotes, que integran el explayón del ferrocarril San Martín, saldrán a remate el próximo 21 de julio con un precio base de 9,2 millones de dólares.

Las parcelas, de 693 y 822 metros cuadrados, fueron promocionadas por Playas Ferroviarias como aptas para desarrollos inmobiliarios dentro de un área de fuerte valorización urbana. La convocatoria destaca la demanda de la zona para proyectos residenciales, comerciales y gastronómicos, así como su conectividad a través del corredor del Metrobús Juan B. Justo.

La operación forma parte del proyecto urbanístico «Nuevo Palermo», aprobado por la Legislatura porteña en 2012, que habilitó la construcción de edificios sobre parte de las antiguas tierras ferroviarias y estableció que el 65% del predio restante debe destinarse a espacios públicos. Si bien la documentación técnica incorpora el futuro parque ferroviario previsto para el sector, la promoción comercial de la subasta pone el acento exclusivamente en el potencial inmobiliario de los terrenos.

Los pliegos establecen que los futuros edificios podrán alcanzar hasta 50 metros de altura y precisan que los inmuebles actualmente son ocupados por la empresa Cencosud, que deberá desocuparlos antes de la toma de posesión por parte del comprador, prevista para el 1 de agosto.

La venta se suma a otras subastas concretadas durante los últimos meses sobre distintos sectores del mismo explayón ferroviario, consolidando un proceso de transferencia de tierras públicas en una de las áreas de mayor cotización de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta nueva operación se inscribe en la política de enajenación de inmuebles impulsada por el Gobierno nacional a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Playas Ferroviarias y otros organismos. El plan contempla la venta de más de 180 terrenos e inmuebles públicos distribuidos en distintos puntos del país, una estrategia que continúa generando debate entre quienes la consideran un mecanismo para obtener recursos y quienes cuestionan la pérdida de patrimonio estatal destinado al desarrollo urbano y al uso comunitario.