La Fiscalía continúa incorporando pruebas para esclarecer las circunstancias que rodearon el fallecimiento de la enfermera del HIGA. Testimonios y documentación hospitalaria forman parte de las medidas impulsadas para determinar si existieron fallas en la atención que recibió.
Avanza la investigación por la muerte de Natalia Bellome Boza.
La investigación judicial iniciada tras la muerte de la enfermera Natalia Bellome Boza, ocurrida mientras cumplía funciones en el HIGA Junín, continúa incorporando pruebas con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si existieron fallas en la respuesta brindada durante la emergencia.
El abogado José Luis Itoiz, representante de la familia de la trabajadora sanitaria, afirmó que el expediente avanza «por los carriles y tiempos normales» y destacó que la fiscal Fernanda Sánchez, junto al instructor judicial, continúa ejecutando las medidas probatorias solicitadas al inicio de la causa.
Entre las diligencias ya realizadas se encuentran inspecciones oculares, registros fotográficos, el secuestro de la historia clínica, el requerimiento de legajos del personal y de la documentación vinculada a las investigaciones administrativas impulsadas por el propio hospital y el Ministerio de Salud bonaerense. Además, se incorporaron declaraciones testimoniales y otras pruebas destinadas a reconstruir lo sucedido.
Según Itoiz, la investigación se desarrolla sin obstáculos y con la colaboración de los testigos convocados. El abogado sostuvo que varios testimonios aportados al expediente resultaron «conmovedores y dramáticos» y consideró que existen indicios sobre una posible insuficiencia de recursos materiales para afrontar una situación de esas características. Aclaró, sin embargo, que serán las pericias las que determinen si una mayor disponibilidad de infraestructura o equipamiento podría haber modificado el desenlace.
El letrado remarcó que la prioridad de la familia es conocer la verdad sobre lo ocurrido y no encontrar responsables de manera apresurada. En ese sentido, señaló que los elementos reunidos hasta el momento justifican la continuidad de la investigación y que la pericia forense será determinante para evaluar las actuaciones médicas y las condiciones en que se produjo el fallecimiento.
La causa se originó a partir de una denuncia penal presentada por Itoiz ante la Unidad Fiscal N° 6, en el marco de una investigación por averiguación de causales de muerte. Entre las medidas solicitadas figuran la toma de testimonios, el análisis de registros de cámaras de seguridad del HIGA Junín y la recopilación de toda evidencia que permita establecer si existieron negligencias o incumplimientos de los protocolos de actuación.
Mientras continúa la producción de pruebas, fuentes vinculadas al expediente indicaron que, con la evidencia reunida hasta el momento, no surgirían elementos suficientes para sostener inicialmente la hipótesis del delito de abandono de persona. No obstante, la Fiscalía aún debe incorporar nuevas declaraciones y analizar documentación antes de definir los próximos pasos de la investigación.
Desde el Ministerio Público Fiscal evitaron fijar plazos para el cierre de esta etapa, aunque aseguraron que las actuaciones avanzan con la mayor celeridad posible y que se seguirán sumando las pruebas que resulten necesarias para esclarecer el caso.























