La distribución de Aportes del Tesoro Nacional volvió a ubicarse en el centro de la negociación política entre la Nación y las provincias, en un contexto marcado por la búsqueda de respaldo legislativo y el debate sobre el reparto de recursos.
El Gobierno utiliza los ATN para fortalecer acuerdos con gobernadores aliados.
El Gobierno nacional reorganizó la administración de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) al delegar su asignación en el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria, quien responde políticamente al jefe de Gabinete, Diego Santilli. La medida fue oficializada mediante la Resolución 571/2026, publicada en el Boletín Oficial.
Los ATN constituyen un fondo previsto por la Ley de Coparticipación Federal destinado a asistir financieramente a las provincias en situaciones de emergencia o desequilibrios fiscales. Sin embargo, su distribución ha sido históricamente objeto de debate debido al margen de discrecionalidad que posee el Poder Ejecutivo para definir su asignación.
Hasta la disolución del Ministerio del Interior, esos recursos eran administrados por esa cartera. Con la nueva estructura del Gobierno, esa función pasó a la Vicejefatura de Gabinete del Interior, encabezada por Coria, quien desde ahora tendrá la facultad de disponer la distribución de los fondos.
La resolución establece expresamente que el titular de esa dependencia será el responsable de asignar los ATN a las provincias. Aunque el cambio representa una adecuación administrativa derivada de la reorganización del gabinete, también fortalece la influencia política de la Jefatura de Gabinete en las negociaciones con los gobernadores y en la construcción de acuerdos legislativos.
Coria, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente cercano a Santilli, asumirá un rol clave en la relación entre la Nación y las provincias, en un contexto donde el oficialismo necesita respaldo parlamentario para impulsar su agenda en el Congreso.
Desde el Gobierno sostienen que la delegación de facultades busca agilizar los procedimientos administrativos y garantizar mayor eficiencia en la gestión de los recursos. La resolución no modifica el destino de los ATN ni los criterios previstos por la normativa vigente, sino que redefine la autoridad encargada de administrarlos dentro de la nueva estructura del Poder Ejecutivo.
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