Nueva evidencia será incorporada ante la ONU en el reclamo de Cristina Kirchner.

Los abogados de la expresidenta sostienen que una planilla presentada por un funcionario de Vialidad Nacional durante la causa Cuadernos cuestionaría uno de los argumentos utilizados en el expediente Vialidad. El dato será incorporado a la presentación ante Naciones Unidas y podría formar parte de un pedido de revisión ante Casación.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner prepara una nueva presentación para cuestionar los fundamentos de la condena en la causa Vialidad. El eje será una planilla exhibida durante el juicio Cuadernos por Darío Andrés Levy, integrante de la Dirección Nacional de Vialidad, que detalla pagos realizados a empresas constructoras a partir del esquema establecido por el decreto 54/2009. La existencia de la declaración de Levy y su vinculación con documentación de Vialidad aparecen registradas en expedientes judiciales.

Según la interpretación de los abogados de la expresidenta, el documento muestra que las empresas vinculadas a Lázaro Báez recibieron aproximadamente el 0,85% de los fondos, mientras el resto fue destinado a otras constructoras.

Ese dato es presentado por la defensa como un elemento que contradice la hipótesis de que el decreto fue utilizado específicamente para beneficiar a Báez. La conclusión, sin embargo, forma parte de la estrategia argumental de los abogados y deberá ser evaluada jurídicamente por los organismos que intervengan.

El dato que busca cambiar la discusión

La causa Vialidad tuvo como uno de sus ejes la presunta existencia de un mecanismo destinado a favorecer a empresas vinculadas a Báez mediante la adjudicación y el pago de obras públicas.

La defensa sostiene ahora que el análisis global de los desembolsos permite observar una distribución diferente: Austral Construcciones no habría sido la principal receptora de los recursos generados por el mecanismo financiero cuestionado.

El planteo busca instalar una pregunta central: si el decreto 54/2009 efectivamente constituyó una herramienta diseñada para beneficiar a Báez, ¿cómo se explica que la mayor parte de los fondos haya terminado en otras empresas?

Para los abogados de Cristina Kirchner, ese interrogante justifica revisar la valoración de la prueba realizada durante el proceso.

Una prueba que la defensa considera relevante

Levy declaró en el marco de la causa Cuadernos y presentó documentación relacionada con los pagos efectuados a constructoras. La documentación judicial disponible confirma su declaración como integrante de Vialidad Nacional.

A partir de esa información, el equipo jurídico de la expresidenta realizó un análisis económico sobre los desembolsos correspondientes al período investigado.

La defensa sostiene que el resultado debilita uno de los argumentos centrales de la condena, aunque la existencia de un nuevo elemento documental no implica automáticamente que una sentencia quede sin efecto. Para que eso ocurra deberán cumplirse los requisitos procesales correspondientes y los tribunales deberán determinar el valor probatorio del material.

El reclamo ante Naciones Unidas

Los abogados anticiparon que incorporarán las nuevas conclusiones como adenda a la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El objetivo planteado por la defensa es que el organismo internacional analice el nuevo elemento dentro del reclamo relacionado con la condena y la inhabilitación especial perpetua impuesta a la expresidenta.

La presentación internacional, por sí misma, no modifica una sentencia dictada por la Justicia argentina. Su eventual incidencia dependerá del procedimiento y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.

También preparan un recurso de revisión

El segundo camino anunciado por la defensa es recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal mediante un recurso de revisión.

Ese mecanismo contempla la posibilidad de revisar una sentencia firme cuando aparecen elementos probatorios relevantes que no fueron conocidos o considerados al momento de dictarse la condena. En este caso, los abogados pretenden que la declaración de Levy y la información sobre la distribución de los pagos sean evaluadas bajo ese criterio.

Así, la nueva estrategia judicial se apoya en un punto concreto: determinar si la distribución real de los fondos del decreto 54/2009 es compatible con la hipótesis de un beneficio dirigido específicamente a las empresas de Báez.

La respuesta a esa cuestión no depende únicamente de la interpretación de la defensa. Deberá surgir de la valoración que realicen los tribunales sobre la documentación, su alcance y su relación con el conjunto de pruebas que fundamentaron la condena.