Horacio Rosatti convocó a los integrantes del máximo tribunal para este viernes a las 9, en medio de un pedido de medida cautelar que busca restablecer las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. La Corte redujo de 72 a 24 horas el plazo para que las partes se pronuncien sobre los conjueces designados. Una eventual resolución podría modificar el escenario abierto por el DNU 70/2023.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación activó el expediente conocido como “Árbol de Pie” y convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes a las 9. La decisión, impulsada por el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, se produce mientras está pendiente un pedido cautelar que cuestiona la derogación de la Ley de Tierras mediante el artículo 154 del DNU 70/2023, dictado por el gobierno de Javier Milei.
La presentación fue promovida por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades mapuches Lafkenche y lof Fvta Anecon, la legisladora rionegrina Magdalena Odarda y otros amparistas. El objetivo es que se suspendan los efectos de la derogación y vuelvan a regir las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Uno de los movimientos más relevantes fue la decisión de la Corte de reducir el plazo para que las partes acepten o recusen a los conjueces designados por sorteo. En lugar de las 72 horas habituales, el tribunal otorgó 24 horas, aludiendo a las particularidades del caso.
Los magistrados sorteados son Diego Barroetaveña, juez de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, camarista de Mendoza. Una vez cumplido el trámite, el expediente quedará en condiciones de avanzar hacia una definición.
Un expediente que vuelve al centro de la escena
La causa “Árbol de Pie” se encuentra en la Corte desde mediados de 2024, pero no registraba movimientos desde agosto de ese año. Había llegado al máximo tribunal después de que la Cámara Federal de La Plata declarara inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras en una causa impulsada por el Centro de ExCombatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM).
Sin embargo, el expediente de la asociación ambientalista no había recibido una respuesta específica sobre la medida cautelar solicitada. Tras el reciente rechazo de la presentación del CECIM por cuestiones de legitimación, los impulsores de “Árbol de Pie” pidieron una aclaración para que la Corte se pronunciara sobre su propio planteo.
Los amparistas sostienen que su situación es diferente porque invocan derechos colectivos vinculados con la protección ambiental, los territorios ancestrales y las comunidades indígenas.
El rechazo de la demanda del CECIM dejó en pie, en ese caso, los efectos de la derogación dispuesta por el DNU. Ahora, el nuevo expediente ofrece otra vía para discutir judicialmente la medida.
La discusión sobre la extranjerización de tierras
La Ley de Tierras establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales. Su derogación mediante el DNU 70/2023 abrió la posibilidad de flexibilizar esas restricciones, una orientación defendida por el Gobierno nacional en el marco de su política de desregulación.
El eventual otorgamiento de la cautelar podría suspender los efectos de esa derogación y restablecer temporalmente las limitaciones, al menos en el alcance que determine la resolución judicial.
El debate excede la cuestión registral o patrimonial: involucra la política sobre recursos naturales, la protección del territorio y los derechos colectivos. También plantea una discusión sobre los límites de los decretos de necesidad y urgencia y el control judicial de las reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo.
Críticas y tensión dentro del tribunal
La decisión de la Corte en el expediente del CECIM generó cuestionamientos de sectores sociales y jurídicos. La respuesta institucional del tribunal fue un comunicado en el que sostuvo que había resuelto una cuestión procesal y que podría analizar el fondo de la derogación ante nuevas presentaciones de actores con legitimación suficiente.
Según la información publicada sobre el caso, el comunicado fue consensuado por Rosatti y Ricardo Lorenzetti, mientras que el entorno de Carlos Rosenkrantz señaló que este no había participado en su elaboración.
Las diferencias sobre cómo abordar el nuevo expediente también exponen las dificultades de una Corte integrada por tres ministros. Ante la necesidad de convocar conjueces, la resolución dependerá de la integración que finalmente intervenga y de los criterios jurídicos que se impongan.
Qué puede resolver la Corte
Entre las alternativas que se mencionan figuran conceder la medida cautelar y suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, devolver el expediente a los tribunales de origen para que resuelvan el planteo o adoptar una decisión que combine distintas vías procesales.
Por ahora, ninguna de esas opciones puede darse por confirmada. La convocatoria extraordinaria y la reducción de los plazos muestran que el expediente entró en una etapa de mayor actividad, pero no anticipan por sí mismas el sentido del fallo.
La proximidad del debate parlamentario sobre el DNU agrega relevancia política e institucional al caso. Una resolución antes de esa discusión podría incidir en el escenario jurídico, aunque la decisión de la Corte y el tratamiento legislativo son procesos diferentes.
La definición pendiente determinará si el máximo tribunal dispone una protección cautelar de las tierras rurales mientras se discute la validez de su desregulación, o si el expediente deberá continuar su trámite en instancias inferiores.
