Fondos hídricos subejecutados, inversiones financieras y obras paralizadas en medio de las inundaciones.

Las inundaciones que afectan a Corrientes y Entre Ríos reabrieron la discusión sobre la inversión en infraestructura hídrica y la capacidad de respuesta del Estado ante fenómenos climáticos extremos. Las advertencias sobre un posible episodio de El Niño de intensidad significativa durante el período 2026-2027 agregan preocupación a un escenario marcado por obras demoradas y recursos cuya utilización es objeto de controversia.

El tema llegó al debate del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, donde legisladores opositores interpelaron al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, por el destino de los fondos destinados a obras de prevención, saneamiento y manejo del agua. Las críticas también alcanzan al ministro de Economía, Luis Caputo, y se vinculan con denuncias sobre la presunta utilización de recursos afectados a infraestructura para otros fines financieros.

Un fondo específico con baja ejecución

El Fideicomiso de Infraestructura Hídrica se financia con el 4,31% de la recaudación del Impuesto sobre los Combustibles. Sus recursos tienen asignación específica para obras vinculadas con el manejo del agua, la prevención de inundaciones, el saneamiento, las cloacas y el acceso al agua potable.

De acuerdo con cifras del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaboradas a partir de información presupuestaria oficial, la ejecución del fondo registró los siguientes niveles:

• 2024: se ejecutaron $12.709 millones sobre $108.651 millones recaudados, equivalente al 11,7%.

• 2025: se utilizaron $43.069 millones de los $208.869 millones recaudados, un 20,6%.

• Primer semestre de 2026: la ejecución alcanzó el 63,8%, con $87.948 millones sobre $137.951 millones recaudados.

Los datos muestran una recuperación parcial en 2026, pero también una subejecución pronunciada durante los dos primeros años de la gestión libertaria. El punto central de la discusión es qué ocurrió con los recursos que no se transformaron en obras y si su colocación en instrumentos financieros resulta compatible con el destino legal del fideicomiso.

Recursos colocados en Letras del Tesoro

Según la información presentada ante el Congreso, a abril de 2026 el fondo mantenía $34.922 millones en cuentas a la vista y alrededor de $258.000 millones colocados en Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos (LECAP).

Es decir, una parte sustancial de los recursos permanecía invertida en instrumentos de deuda del propio Estado nacional, en lugar de destinarse de manera inmediata a las obras previstas. Para el Gobierno, esas colocaciones permiten preservar el valor de los excedentes que todavía no se ejecutaron. Para sus críticos, la operación evidencia una prioridad financiera que posterga infraestructura necesaria para reducir riesgos y daños.

La controversia también se proyecta sobre el Presupuesto 2027. Según el análisis del proyecto citado en el artículo original, una parte de los recursos continuaría colocándose en instrumentos financieros, en lugar de volcarse íntegramente a la ejecución de obras.

El cruce entre Sabrina Selva y Carlos Guberman

Durante el debate parlamentario, la diputada Sabrina Selva cuestionó al secretario de Hacienda por la falta de ejecución de los recursos en un contexto de inundaciones y pérdidas económicas.

La legisladora planteó qué respuesta podía dar el Gobierno a las comunidades y sectores productivos afectados por las crecidas, especialmente ante el riesgo para las personas y los daños materiales.

Guberman defendió la administración de los excedentes y sostuvo que el dinero no desapareció, sino que se colocó en instrumentos financieros para evitar que perdiera valor.

“Como no se ejecuta todo el fondo, los excedentes tratan de colocarse de alguna manera que no pierdan valor. Digo, no se lo lleva Caputo, no me lo llevo yo, como en épocas anteriores”, afirmó.

El funcionario también defendió la política de reducción del gasto público y argumentó que el presupuesto establece límites máximos de erogación, no una obligación de ejecutar la totalidad de los créditos disponibles.

La discusión, sin embargo, no se limita a determinar si los recursos siguen dentro del Estado. La cuestión de fondo es si un fondo con destino específico cumple su finalidad cuando una porción importante de sus ingresos permanece invertida, mientras se acumulan necesidades de infraestructura y aumentan los riesgos asociados a las inundaciones.

Denuncias y obras que no llegaron a completarse

La diputada Marcela Pagano y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, ya habían cuestionado el manejo de los recursos destinados a infraestructura. Las denuncias mencionadas en el artículo original apuntan a posibles desvíos y a la falta de ejecución de obras hídricas.

Según los datos atribuidos a la presentación de Pagano, desde diciembre de 2023 se iniciaron 24 obras de este tipo y más de la mitad fueron canceladas o suspendidas. Solo una habría sido finalizada.

Esas cifras adquieren mayor relevancia frente a las advertencias sobre la evolución de El Niño y sus posibles efectos en las cuencas más vulnerables. La falta de obras de drenaje, saneamiento y prevención puede incrementar la exposición de las poblaciones y las actividades productivas a eventos climáticos severos.

No obstante, las denuncias sobre el uso de los fondos y las responsabilidades que pudieran derivarse deberán analizarse a partir de la documentación y las actuaciones correspondientes.

El ajuste de la obra pública

En su exposición, Guberman también describió el alcance de la reducción de la obra pública nacional. De un total de 2.339 proyectos que estaban en cartera, según la información presentada, el Estado dio de baja o rescindió contratos correspondientes a 1.683 obras, transfirió otras 467 a las provincias y conservó apenas 119 para su ejecución directa.

La distribución expone la magnitud de la reconfiguración de la inversión pública impulsada por el Gobierno. En materia hídrica, el interrogante es especialmente sensible: las obras preventivas requieren planificación y continuidad, y su ausencia puede trasladar costos económicos y sociales a las comunidades cuando se producen inundaciones.

El debate sobre los fondos hídricos plantea una cuestión que va más allá del equilibrio fiscal: si los recursos recaudados para un fin determinado no se convierten en infraestructura, ¿quién asume las consecuencias cuando llegan las inundaciones? Mientras el Gobierno defiende la colocación financiera de los excedentes, las zonas afectadas necesitan obras, prevención y respuestas concretas.