El empresario Fred Machado se declaró culpable en Estados Unidos por delitos de fraude y lavado de dinero.

El caso adquiere mayor dimensión luego de que Javier Milei intentara presentar el acuerdo judicial como una prueba de que Espert había sido víctima de una “operación política y mediática”. Sin embargo, el reconocimiento formal de delitos económicos por parte de Machado no cierra las investigaciones vinculadas al exreferente de La Libertad Avanza y podría incluso complicarlas, especialmente por los movimientos financieros ya reconocidos públicamente.

Espert admitió haber recibido una transferencia de 200.000 dólares desde una cuenta asociada a Machado a través del Bank of America, bajo el argumento de un supuesto trabajo de consultoría para la empresa Minas del Pueblo. No obstante, hasta el momento no trascendieron documentos, contratos ni registros concretos que acrediten la existencia de esa tarea profesional. Esa ausencia de respaldo documental alimenta las sospechas sobre la verdadera naturaleza de la operación y mantiene abierto un frente judicial y político incómodo para el oficialismo y sectores aliados.

El episodio también expone las tensiones internas del discurso libertario en torno a la transparencia y la lucha contra la corrupción. Mientras el Gobierno busca relativizar el impacto político del caso, la evolución de la causa en Estados Unidos agrega elementos objetivos que dificultan sostener una narrativa de persecución exclusivamente mediática o partidaria.

Las investigaciones judiciales que involucran a José Luis Espert avanzan en distintos frentes y profundizan las sospechas sobre presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a su relación con el empresario Federico “Fred” Machado. En la causa tramitada en San Isidro, a cargo del fiscal Fernando Domínguez y del juez Lino Mirabelli, la Justicia analiza el crecimiento patrimonial y el incremento del nivel de vida de Espert desde 2019, período en el que comenzó su vínculo con Machado. La investigación detectó operaciones bancarias consideradas sospechosas, movimientos de fondos fragmentados y depósitos realizados de manera presuntamente destinada a evitar controles tributarios.

La causa derivó incluso en el congelamiento de bienes del diputado y su entorno familiar, luego de que retirara 80.000 dólares de una cuenta tras conocerse la denuncia. Los investigadores también pusieron bajo análisis la existencia del fideicomiso Costa Dunas, asociado a un emprendimiento inmobiliario de lujo cercano a Costa Esmeralda, donde la esposa de Espert realizó aportes millonarios en dólares y pesos. La sospecha judicial apunta a una posible vía de canalización de fondos cuyo origen aún no estaría debidamente justificado.

En paralelo, otro expediente radicado en Comodoro Py, bajo la órbita del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mangano, investiga 36 viajes realizados por Espert en aeronaves vinculadas a Machado, además del uso de una camioneta blindada y aportes a la campaña presidencial de 2019. Aunque inicialmente el dirigente liberal había admitido un único vuelo, la investigación determinó que los traslados fueron frecuentes y sistemáticos.

El caso tomó además un fuerte tono político luego de que Javier Milei defendiera públicamente a Espert y acusara a periodistas de haber impulsado una “operación mediática” para perjudicarlo. Sin embargo, la afirmación presidencial quedó cuestionada tras conocerse que en Estados Unidos Machado no fue declarado inocente, sino que acordó declararse culpable de fraude y lavado de activos a cambio de que la fiscalía retirara los cargos por narcotráfico. Para los investigadores argentinos, el delito precedente puede variar —fraude, narcotráfico u otro ilícito— sin alterar la posible configuración del lavado de dinero.

El acuerdo judicial homologado en Texas confirma que Machado integró un esquema fraudulento de comercialización de aeronaves y lavado de activos mediante empresas como South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing. Desde una de las firmas vinculadas a la trama, Wright Brothers Aircraft Title, salió la transferencia de 200.000 dólares destinada a Espert. La propietaria de esa empresa, Debbie Mercer Erwin, ya fue condenada en Estados Unidos a 16 años de prisión por delitos de fraude, lavado y narcotráfico.

El avance de las causas complica el intento oficialista de presentar el caso como una persecución exclusivamente mediática o política. Por el contrario, la acumulación de movimientos financieros irregulares, vínculos económicos sin respaldo documental claro y operaciones investigadas tanto en Argentina como en Estados Unidos refuerzan las sospechas sobre el origen y destino de fondos asociados al entorno de Espert.