Con apoyo de aliados y gobernadores, el oficialismo logró aprobar en Diputados el Presupuesto 2026. El proyecto consolida el ajuste fiscal, reduce partidas en áreas sensibles y generó fuertes cuestionamientos por intentos de derogar leyes ya vigentes, que finalmente fueron rechazados.
Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026, marcado por un fuerte ajuste y concesiones políticas
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno nacional, que obtuvo 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. Se trata del primer presupuesto aprobado por la actual gestión tras dos años de amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos.
La sesión estuvo atravesada por intensas negociaciones políticas y fuertes cuestionamientos de la oposición, especialmente luego de que el oficialismo intentara incorporar la derogación del Financiamiento Universitario y de la Emergencia en Discapacidad. Finalmente, la Cámara rechazó esos artículos, lo que opacó el festejo del oficialismo.
El proyecto fue aprobado con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y bloques alineados con gobernadores provinciales. En los días previos a la votación, el Gobierno giró más de 66 mil millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a distintas provincias, en un intento por asegurar los votos necesarios. Además, se incorporaron modificaciones de último momento que incluyeron beneficios para la Ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación y un mayor financiamiento para el Poder Judicial, maniobra que fue denunciada en el recinto por legisladores de la oposición.
El presupuesto aprobado prioriza el superávit financiero y consolida un esquema de ajuste sobre áreas sensibles del Estado. No contempla partidas para recomponer los ingresos de jubilados, no prevé la reactivación de la obra pública ni incorpora herramientas para impulsar la actividad económica. En cambio, establece proyecciones macroeconómicas que diversos especialistas calificaron como desfasadas respecto de la realidad.
Durante el debate, el oficialismo logró imponer una votación por capítulos, mecanismo que fue duramente criticado por bloques opositores, que reclamaban una votación artículo por artículo. Legisladores de Unión por la Patria y de la izquierda denunciaron que la estrategia buscaba diluir responsabilidades políticas en decisiones que afectan a la educación, la discapacidad y el sistema científico-tecnológico.
A pesar de las presiones, el capítulo que incluía la derogación de leyes vigentes no consiguió los votos necesarios. Desde la oposición advirtieron que, de haberse aprobado, la medida habría sido judicializada por vulnerar la Ley de Administración Financiera, que prohíbe modificar o derogar normas permanentes a través del presupuesto.
El proyecto también introduce cambios estructurales en políticas públicas clave. Elimina la indexación automática de asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo, reduce las metas de inversión en educación y ciencia, desfinancia el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas y recorta recursos destinados a la defensa. Además, restringe el régimen de “zonas frías” y delega en el Poder Ejecutivo su aplicación futura.
Las proyecciones oficiales incluidas en el texto prevén un crecimiento económico del 5 por ciento, una inflación anual del 10,1 por ciento y un tipo de cambio de 1.423 pesos para fines de 2026, cifras que fueron cuestionadas por distintos centros de estudios económicos.
Tras la media sanción, el Gobierno buscará avanzar con la aprobación definitiva del Presupuesto en el Senado, junto con otros proyectos considerados prioritarios por el Ejecutivo, entre ellos la reforma laboral y la denominada “inocencia fiscal”.
