La Federación de Expendedores de Combustibles y Afines (FECRA) expresó su rechazo a la difusión anticipada de posibles aumentos en los precios de los combustibles.

La entidad sostuvo que la circulación de información no oficial provoca distorsiones en la demanda, incrementa la presión sobre las estaciones de servicio y dificulta la planificación comercial del sector. En ese contexto, reclamó mayor responsabilidad en la comunicación de futuras actualizaciones de precios, advirtiendo que los anuncios sin confirmación oficial pueden impactar negativamente tanto en la actividad económica como en la confianza de los consumidores.

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La Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA) cuestionó el proyecto legislativo que propone informar con 48 horas de anticipación los aumentos en los precios de los combustibles, al considerar que la medida resulta impracticable y podría generar efectos contraproducentes sobre el abastecimiento. Desde la entidad remarcaron que las estaciones de servicio no definen los valores de venta, sino que estos son fijados por las empresas petroleras, por lo que los expendedores carecen de capacidad para anticipar modificaciones.

Según explicó el presidente de FECRA, Hernán Landgrebe, la difusión previa de incrementos incentivaría conductas especulativas, ya que muchos operadores optarían por preservar el stock hasta la entrada en vigencia de los nuevos precios para evitar vender por debajo de los costos de reposición. A su juicio, este escenario podría derivar en faltantes temporales de combustibles y alterar el normal funcionamiento del mercado.

Si bien el proyecto busca brindar mayor previsibilidad a los consumidores, la entidad sostiene que la iniciativa desconoce la dinámica comercial del sector y establece exigencias que no recaen sobre otros mercados con variaciones frecuentes de precios. En ese contexto, FECRA planteó como alternativa fortalecer los mecanismos oficiales de información sobre valores vigentes, en lugar de imponer obligaciones que, según advierte, podrían profundizar distorsiones en la oferta y afectar tanto a los expendedores como a los usuarios.

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