CARBAP reclama una figura penal específica para combatir el vandalismo rural.

Un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados abrió una nueva instancia para incorporar figuras específicas al Código Penal. Desde CARBAP sostienen que la iniciativa busca cubrir vacíos legales frente a daños en establecimientos rurales, aunque todavía resta su tratamiento en el recinto y el posterior debate en el Senado.

La seguridad rural volvió a instalarse en la agenda legislativa nacional tras el avance de un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados que propone incorporar figuras específicas al Código Penal para abordar distintas modalidades de vandalismo y daños contra bienes del sector agropecuario.

Santo Rosati, coordinador de la Comisión de Seguridad de CARBAP, consideró que el avance representa un paso relevante luego de varios años de reclamos e iniciativas que no lograron completar el trámite parlamentario. Según explicó en declaraciones a Grupo La Verdad, la entidad viene trabajando desde hace más de dos años en el análisis de propuestas y en la búsqueda de consensos entre distintos sectores políticos.

El dirigente remarcó que el problema no se limita a Buenos Aires y La Pampa, sino que afecta a establecimientos rurales de distintas regiones del país. Desde esa perspectiva, CARBAP sostiene que las particularidades del ámbito rural requieren herramientas legales que permitan abordar conductas que, según plantea la entidad, no siempre reciben una respuesta penal adecuada.

El ingreso a propiedades rurales, en el centro del debate

Uno de los ejes de la propuesta es la incorporación de una figura vinculada con la violación de domicilio rural. Rosati señaló que, desde la perspectiva de CARBAP, existen dificultades para encuadrar penalmente determinados ingresos no autorizados a establecimientos agropecuarios.

El representante de la entidad comparó estas situaciones con el ingreso ilegal a patios o jardines de viviendas urbanas y cuestionó que, en algunos casos rurales, saltar alambrados, forzar tranqueras o ingresar sin autorización no sea interpretado de la misma manera por fiscales y jueces.

También advirtió que algunos ingresos podrían estar relacionados con actividades logísticas vinculadas con otros delitos, aunque aclaró que no se trata de una situación generalizada.

El planteo pone sobre la mesa una discusión jurídica: cómo definir con precisión las conductas que deben constituir un delito específico, sin confundir el ingreso ilegítimo con otras situaciones que requieren un análisis particular de las circunstancias y de la legislación vigente.

Las penas previstas y el efecto sobre la reincidencia

Según lo expuesto por Rosati, el proyecto contempla la incorporación de un artículo 150 bis, con penas de entre un mes y un año para determinadas modalidades de ingreso ilegítimo a establecimientos rurales.

El dirigente sostuvo que la importancia de la figura no radica exclusivamente en la duración de la pena, sino también en las posibles consecuencias de una condena ante una eventual reincidencia.

La iniciativa también contempla modificaciones relacionadas con daños a bienes rurales. Rosati mencionó el artículo 184 y explicó que se proponen sanciones más severas para determinados hechos que afecten cultivos, silobolsas, alambrados, sistemas de riego, animales y otros elementos vinculados con la producción.

Entre los ejemplos mencionó el robo de pantallas solares y de componentes de molinos, bienes que pueden resultar fundamentales para el funcionamiento de establecimientos agropecuarios.

No obstante, el alcance definitivo de las conductas contempladas y sus sanciones dependerá del texto que finalmente se someta a votación y, eventualmente, de su aprobación legislativa.

El recorrido parlamentario todavía no terminó

El dictamen de mayoría constituye un avance dentro del proceso legislativo, pero no equivale a la aprobación definitiva de la reforma. El proyecto todavía debe llegar al recinto de Diputados y, si obtiene media sanción, continuar su tratamiento en el Senado.

Rosati reconoció que el calendario parlamentario presenta dificultades por la acumulación de otros debates, entre ellos el Presupuesto y distintas iniciativas que integran la agenda del Congreso.

CARBAP busca que el tratamiento se concrete antes de fin de año y anticipó que, si la Cámara baja aprueba la propuesta, continuará las gestiones para conseguir respaldo en la Cámara alta.

El punto central de la discusión será determinar si la creación de figuras penales específicas permite responder mejor a los delitos rurales y mejorar su investigación, sin perder de vista la necesidad de definiciones jurídicas claras y una aplicación efectiva de la ley. Por ahora, el avance del dictamen abre una nueva etapa de negociación, pero todavía no garantiza que los cambios propuestos entren en vigencia.