Kicillof cuestionó la falta de inversión vial y acusó al Gobierno nacional de retener recursos.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se sumó a la polémica por el deterioro de las rutas nacionales y el destino de los recursos recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles, fondos que históricamente estuvieron vinculados al financiamiento de obras y tareas de mantenimiento vial.

Durante la inauguración de nuevas oficinas y un centro de operaciones de la empresa estatal Aubasa en el Polo Design, Kicillof sostuvo que los recursos generados por ese tributo no estarían siendo destinados a la infraestructura para la que fueron concebidos.

“Cada trabajador que carga combustible contribuye a un fondo con asignación específica para mantener y ampliar la red vial”, afirmó el mandatario provincial, quien acusó al presidente Javier Milei de utilizar esos recursos para otros fines vinculados a la política de equilibrio fiscal.

La discusión sobre el destino de los fondos

El planteo del gobernador se produce luego de las declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier, quien reconoció que una parte de los recursos vinculados al impuesto llega a Vialidad Nacional, mientras que otra es administrada por el Ministerio de Economía dentro de la estrategia fiscal del Gobierno.

Consultado sobre el tema, Ravier evitó brindar cifras precisas y defendió el cambio de modelo impulsado por la administración nacional, que busca avanzar hacia un esquema con mayor participación privada en la conservación y operación de rutas.

El vocero sostuvo que actualmente se realizan tareas de mantenimiento, como bacheo, corte de pasto y señalización, aunque no detalló cuánto dinero se destina a esas actividades ni qué proporción de la recaudación se aplica efectivamente a infraestructura vial.

Katopodis también reclamó explicaciones

La discusión había sido impulsada previamente por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien cuestionó que el Gobierno nacional continúe recaudando impuestos destinados legalmente a las rutas mientras, según afirmó, se observa una reducción de obras y un deterioro creciente de la red vial.

Desde la Provincia sostienen que la falta de inversión genera consecuencias directas sobre la seguridad vial, el transporte de la producción y la conectividad entre regiones.

Dos modelos de gestión

El conflicto refleja una diferencia más profunda sobre el rol del Estado en la infraestructura pública.

Por un lado, el Gobierno nacional plantea un esquema basado en el equilibrio fiscal y una mayor participación del sector privado mediante concesiones. Por otro, la administración bonaerense sostiene que, mientras continúe existiendo una recaudación específica para las rutas, esos fondos deberían destinarse de manera directa a obras de mantenimiento y ampliación.

La controversia vuelve a instalar una pregunta central: cuánto dinero recauda el Estado a través del Impuesto a los Combustibles, qué porcentaje llega efectivamente a Vialidad y cuánto se invierte hoy en rutas nacionales.

Sin datos públicos y detallados sobre esos recursos, la discusión corre el riesgo de quedar limitada a un intercambio de acusaciones políticas, mientras persisten reclamos por el estado de una infraestructura clave para la circulación, la producción y la seguridad vial.