Adorni deberá explicar una brecha patrimonial de $43 millones y más de US$403 mil.

El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió este lunes que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni explique el origen de los fondos utilizados para afrontar una serie de compras y gastos que, según la investigación, presentan inconsistencias patrimoniales.

El requerimiento es secreto, aunque trascendió un resumen de siete páginas en el que se detallan 20 puntos que Adorni deberá justificar. La investigación detectó una brecha que, hasta el momento, no encuentra explicación por unos $43 millones y más de US$403.000, de acuerdo con el documento difundido.

Entre los puntos observados aparecen el origen de dólares en efectivo declarados como provenientes de una “venta de activos”, préstamos familiares cuya entrega de fondos no estaría documentada, la compra de un Jeep, operaciones inmobiliarias y remodelaciones, incluida una obra por US$245.000, además de la adquisición de un departamento y su equipamiento.

La fiscalía también puso bajo la lupa supuestas herencias o donaciones utilizadas para justificar parte del incremento patrimonial, operaciones con criptoactivos, pagos realizados por terceros y posteriormente reintegrados en efectivo, comprobantes fiscales que no encuentran correspondencia con medios de pago registrados y movimientos vinculados con deudas bancarias.

El requerimiento incluye además observaciones sobre mejoras declaradas en propiedades, honorarios notariales y consumos realizados por terceros mediante tarjetas asociadas al funcionario.

Ahora Adorni tiene 15 días para presentar documentación y explicar las inconsistencias. Si las respuestas no resultan satisfactorias para el fiscal y el juez Ariel Lijo, podría ser convocado a declaración indagatoria en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El caso plantea una cuestión que excede lo estrictamente judicial. Un funcionario público puede ser cuestionado, investigado y finalmente demostrar que sus movimientos patrimoniales tienen una explicación legítima. Pero esa explicación debe surgir de los documentos y de las cuentas, no solamente de la defensa política.

Y ahí aparece una contradicción incómoda para un Gobierno que convirtió la transparencia, la austeridad y la denuncia de los privilegios de la política en parte central de su discurso.

La investigación no equivale a una condena. Pero una brecha patrimonial de esta magnitud exige explicaciones concretas.