El planteo cuestiona la tendencia a responsabilizar a los ciudadanos por problemas que tienen causas económicas, sociales y políticas más profundas. La crítica apunta a evitar explicaciones simplistas que trasladan toda la carga a quienes padecen las consecuencias de decisiones tomadas desde otros ámbitos.
Dejen de responsabilizar a la sociedad: el reclamo frente a un discurso que busca trasladar las culpas.
Casi 20 millones de argentinos tienen deudas y uno de cada cuatro de esos deudores lleva más de 90 días sin poder pagar. El dato no solo refleja un problema financiero: muestra el deterioro de los ingresos familiares y el avance de un sistema de crédito que, lejos de resolver las dificultades cotidianas, muchas veces termina profundizándolas.
Según datos del Centro de Estudios de la Ciudad (CEC), 19,6 millones de personas están endeudadas, mientras que alrededor del 25% se encuentra en situación de mora. El fenómeno viene creciendo desde 2024 y alcanza tanto a tarjetas y préstamos bancarios como a créditos otorgados por entidades no bancarias y, cada vez con mayor intensidad, por billeteras virtuales.
El problema adquiere una dimensión particularmente preocupante entre los jóvenes menores de 25 años, incluso entre quienes inicialmente asumieron niveles de deuda relativamente bajos.
Cuando el crédito deja de ser una herramienta y se convierte en una trampa
Detrás de las estadísticas aparecen historias de personas que toman un préstamo para cubrir otro, refinancian una tarjeta para pagar una cuota y vuelven a endeudarse para llegar a fin de mes.
El caso de Andrés, trabajador registrado de 52 años, resulta ilustrativo. Una deuda con su tarjeta derivó en una financiación, luego en otro crédito y finalmente en un incremento considerable del límite disponible. El resultado fue una deuda que dejó de poder sostener.
A partir de allí comenzaron las llamadas de cobranzas, no solo dirigidas a él sino también a familiares. Las amenazas de una eventual judicialización, descuentos salariales o comunicaciones con su empleador terminaron agregando presión a una situación económica ya crítica.
El mecanismo tiene una explicación: cuando una deuda entra en mora durante más de 90 días, puede ser derivada o vendida a empresas de cobranza, estudios jurídicos o intermediarios especializados. La deuda pasa entonces a convertirse en un negocio cuyo objetivo es recuperar el dinero mediante llamados, mensajes y distintas formas de presión.
El caso de Verónica: pedir para comer, pagar para volver a pedir
La historia de Verónica muestra otra cara del mismo problema. Con una pensión y un ingreso que no alcanza para cubrir las necesidades básicas, comenzó solicitando pequeños préstamos durante la pandemia.
El objetivo no era consumir bienes de lujo ni especular: era pagar servicios, comprar una garrafa o afrontar gastos cotidianos.
Pero los intereses hicieron crecer rápidamente las obligaciones. Un préstamo fue seguido por otro y, posteriormente, por otro destinado a cancelar los anteriores. La deuda dejó de ser una solución de emergencia y se transformó en un círculo difícil de romper.
A esto se sumó el hostigamiento de las empresas de cobranza, con llamadas telefónicas, mensajes y correos insistentes. La respuesta que recibió resume una de las contradicciones centrales del problema: “Vos firmaste un contrato”. La cuestión es que, aun reconociendo la obligación, no tener capacidad económica para pagar no se soluciona simplemente exigiendo que se pague.
Las billeteras virtuales, un nuevo foco de preocupación
Los datos de CEPA muestran la dimensión del fenómeno. Entre noviembre de 2024 y abril de 2026, la mora vinculada al sistema bancario pasó del 2,5% al 12,1%.
Pero el salto fue todavía mayor en las billeteras virtuales: la morosidad pasó del 7,3% al 29,6%, superando incluso el máximo registrado durante la pandemia.
En total, unas 5,8 millones de personas se encuentran en situación de mora. De ellas, aproximadamente 3,4 millones tienen deudas con billeteras virtuales, 1,3 millones con bancos y 1,1 millones con ambos sistemas.
La explicación también está relacionada con las tasas de interés. Las billeteras suelen aplicar costos elevados para compensar el riesgo de incobrabilidad, pero ese mecanismo puede generar justamente el efecto contrario: cuanto mayor es el costo del crédito, mayor es la dificultad de los hogares para cancelar sus obligaciones.
El problema no termina en la deuda
El endeudamiento excesivo tampoco puede analizarse únicamente desde una perspectiva financiera. La presión constante de las cobranzas, el temor a perder parte del salario, las amenazas de acciones judiciales y la imposibilidad de encontrar una salida generan consecuencias personales y sociales que exceden ampliamente una cuenta bancaria.
El debate, por lo tanto, no debería reducirse a decirle al deudor que “no se endeude” o que “pague lo que debe”. Cuando millones de personas recurren al crédito para comprar alimentos, pagar servicios o llegar a fin de mes, el problema deja de ser individual y pasa a ser económico y social.
La pregunta de fondo es otra: ¿qué está llevando a millones de argentinos a necesitar crédito para cubrir gastos básicos y qué controles existen sobre quienes lucran con esa necesidad?
Porque responsabilizar exclusivamente al endeudado puede resultar cómodo, pero no explica cómo se llegó hasta acá.

Los números muestran un escenario más complejo. El crecimiento de la mora coincide con el estancamiento y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Cuando los ingresos no alcanzan para cubrir gastos básicos, el crédito aparece como una salida inmediata. El problema surge cuando esa solución transitoria se transforma en una deuda que crece más rápido que la capacidad de pago.
Así, detrás de las estadísticas de morosidad no hay solamente personas que gastaron por encima de sus posibilidades. También hay hogares que utilizan préstamos para sostener consumos esenciales y que terminan atrapados en un sistema donde los intereses, las refinanciaciones y la falta de ingresos suficientes convierten una deuda pequeña en una obligación prácticamente impagable.

La historia de Verónica permite dimensionar que detrás de las estadísticas hay personas atravesadas por una situación que excede ampliamente una deuda bancaria. Con ingresos insuficientes y sin una red familiar que pueda sostenerla, los préstamos se transformaron en una herramienta para afrontar gastos básicos y, finalmente, en un problema permanente.
“Estoy desesperada. No puedo vivir así”, expresó al buscar ayuda. Su testimonio refleja una realidad que se repite: personas que cobran y, pocas horas después, ya no disponen de dinero porque gran parte de sus ingresos está comprometida con deudas anteriores.
Marcela: de la culpa individual a la discusión colectiva
Marcela García, profesional de la salud y trabajadora municipal, atravesó un proceso similar. La pérdida progresiva del poder adquisitivo de su salario la llevó primero a utilizar las tarjetas para comprar alimentos y cubrir gastos cotidianos. Después llegaron los pagos mínimos, los intereses y finalmente un préstamo bancario para intentar frenar la acumulación de deuda.
En septiembre de 2024 solicitó $2 millones a seis años para cancelar obligaciones anteriores. Tras haber pagado más de 20 cuotas, calcula que terminará devolviendo varias veces el monto originalmente recibido.
Su experiencia la llevó a cuestionar una idea instalada: que quienes se endeudan lo hacen simplemente por falta de educación financiera o por una mala administración personal.
El problema, sostiene, es que los ingresos dejaron de alcanzar. Cuando el salario pierde poder de compra, la tarjeta y el préstamo pasan a funcionar como una extensión del ingreso. Lo que inicialmente permite resolver una urgencia termina generando una obligación que consume parte de los ingresos futuros.
Ese recorrido también modificó su mirada. Marcela comenzó a reunirse con otras personas endeudadas y a buscar respuestas colectivas. La conclusión que encontró fue clara: cuando las historias individuales se repiten en miles de hogares, ya no pueden explicarse solamente como errores personales.
El sobreendeudamiento llega a la agenda pública
La problemática comenzó además a generar respuestas institucionales. Doce municipios bonaerenses aprobaron ordenanzas destinadas a abordar el sobreendeudamiento de familias y consumidores.
El objetivo es reconocer una situación concreta: una persona está sobreendeudada cuando sus ingresos ya no alcanzan para cumplir con las obligaciones que asumió y debe recurrir constantemente a nuevos créditos para cancelar los anteriores.
En ese contexto, se impulsa en la Provincia una normativa que busca establecer mecanismos de asistencia y reestructuración de deudas, además de reforzar los controles sobre las prácticas de cobranza.
Uno de los puntos centrales es poner límites al hostigamiento. Llamadas reiteradas, mensajes a familiares, comunicaciones con empleadores o contactos fuera de horarios razonables son algunas de las prácticas denunciadas por consumidores.
Desde los organismos de Defensa del Consumidor se plantea que quienes atraviesan estas situaciones pueden realizar reclamos administrativos para intentar renegociar las obligaciones, revisar intereses o cuestionar contratos cuando se incumplen las normas vigentes, por ejemplo, cuando no se informa correctamente el costo financiero total.
Los municipios que ya aplican estas herramientas registran acuerdos que permiten reducir capital e intereses o establecer cuotas acordes con los ingresos de cada familia.
Una discusión que recién comienza
El debate sobre el endeudamiento plantea una cuestión de fondo. Si una familia necesita endeudarse para comprar alimentos, pagar servicios o acceder a medicamentos, el problema no puede analizarse únicamente desde la responsabilidad individual.
La educación financiera puede ser útil, pero resulta insuficiente cuando los ingresos pierden poder adquisitivo y el crédito se convierte en el mecanismo utilizado para cubrir necesidades básicas.
La discusión debería incorporar, entonces, tres dimensiones: la capacidad real de los hogares para generar ingresos, las condiciones bajo las cuales se otorgan los créditos y los límites que deben existir sobre las prácticas de cobranza.
Porque una deuda puede comenzar como una solución. Pero cuando los intereses crecen más rápido que los ingresos, puede convertirse en una bola de nieve que compromete el presente y también el futuro de una familia.
























