Cristina Kirchner publicó una carta abierta y reafirmó su compromiso político

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió una carta abierta en la que aseguró que «nunca podrán quebrar mis convicciones ni mi compromiso con la Argentina», en un mensaje dirigido a la militancia y a la dirigencia del peronismo en medio de un escenario de alta tensión política y judicial.

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La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó una carta abierta en la que anunció que recurrirá al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para impugnar la condena dictada en la causa Vialidad, al considerar que fue víctima de una persecución política y judicial destinada a impedir su participación en la vida pública.

En el documento, la exmandataria sostuvo que las decisiones judiciales en su contra constituyen una violación de sus derechos humanos y afirmó que el objetivo de los procesos fue su «proscripción política». Además, aseguró que fue juzgada no solo por sus decisiones de gobierno, sino también por su condición de mujer y por ejercer el liderazgo político, denunciando la existencia de un «machismo estructural» dentro de sectores del sistema judicial.

Como parte de la nueva estrategia de defensa, confirmó que será representada ante el organismo internacional por los abogados Javier Borrego, de España, y Rafael Valim, de Brasil, ambos especializados en derecho internacional y derechos humanos. Según explicó, buscará que el caso sea evaluado bajo los principios de independencia judicial, debido proceso e igualdad ante la ley.

En su mensaje, Cristina Kirchner afirmó que responderá a la condena «con más Derecho, más democracia y más verdad», y reiteró que luchará por demostrar su inocencia. También convocó a la militancia y a sus seguidores a no perder la esperanza y aseguró que «nunca podrán quebrar mis convicciones ni mi compromiso con la Argentina».

La publicación marca el regreso de la expresidenta al centro de la escena política tras varios meses de silencio sobre su situación judicial. Al mismo tiempo, reaviva el debate entre quienes sostienen que la condena fue el resultado de un proceso judicial legítimo y quienes consideran que existió una utilización política de la Justicia para limitar su participación electoral, una discusión que continúa profundizando la polarización en el escenario político argentino.

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