El impulso del oficialismo para flexibilizar el régimen de propiedad de tierras reabre el debate sobre los límites a la participación extranjera en recursos estratégicos.

El oficialismo volvió a impulsar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con el objetivo de eliminar las restricciones vigentes a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una iniciativa que reabre el debate sobre la soberanía territorial y el control de recursos estratégicos. Tras el fracaso de la última sesión, la ministra Patricia Bullrich y el ministro Federico Sturzenegger acordaron modificaciones para intentar garantizar su tratamiento en el Senado el próximo 6 de agosto.

La negociación evidenció diferencias dentro del propio oficialismo y con sectores aliados, principalmente en torno al grado de participación que tendrían las provincias para autorizar operaciones sobre tierras rurales. Finalmente, el Gobierno aceptó incorporar un criterio más federal para destrabar la iniciativa, aunque persisten dudas sobre la aprobación de algunos artículos y el respaldo definitivo de todos los bloques.

Desde una mirada crítica, la propuesta representa un nuevo avance del proceso de desregulación impulsado por la administración de Javier Milei. Sus detractores sostienen que la eliminación de límites a la adquisición de tierras por capitales extranjeros podría favorecer la concentración de territorios vinculados a recursos estratégicos —como litio, hidrocarburos, minerales y corredores bioceánicos—, debilitando la capacidad del Estado para preservar áreas de interés nacional.

Otro de los ejes de la discusión gira en torno al uso del artículo 20 de la Constitución Nacional. Mientras Bullrich lo invoca para justificar la igualdad de derechos civiles de los extranjeros en materia de propiedad, la oposición señala una contradicción con otras iniciativas promovidas por el oficialismo que buscan restringir el acceso de inmigrantes sin residencia permanente a servicios públicos como la salud y la educación. Para los críticos, esta interpretación selectiva del marco constitucional evidencia un criterio desigual según el tipo de derechos involucrados.

El proyecto se inscribe en una agenda más amplia de reformas económicas orientadas a flexibilizar regulaciones para atraer inversiones privadas. Sin embargo, la iniciativa profundiza la polarización política al enfrentar dos visiones contrapuestas: una que considera indispensable eliminar restricciones para dinamizar la economía y otra que sostiene que la tierra constituye un recurso estratégico cuya regulación debe priorizar la soberanía, el interés público y el desarrollo nacional por encima de las reglas del mercado.