Una investigación iniciada tras la denuncia de un vecino de Junín por mensajes de audio amenazantes enviados a través de WhatsApp terminó con un allanamiento en la Unidad Penitenciaria N° 16. El operativo fue realizado por la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de Junín, la UFI N° 6 y el Servicio Penitenciario Bonaerense.
A partir del análisis del tráfico telefónico, la geolocalización de antenas y el cruce de bases de datos, los investigadores establecieron una presunta vinculación entre la línea utilizada para las amenazas y un interno alojado en ese establecimiento, condenado por un homicidio ocurrido en 2012.
Con autorización judicial, los investigadores ingresaron a un pabellón y secuestraron un teléfono celular que será sometido a una pericia informática para determinar si fue utilizado para cometer las amenazas. El detenido fue notificado de la formación de una nueva causa por amenazas agravadas.
El antecedente del interno agrega un elemento de relevancia al expediente. En 2012 había sido condenado junto a otras dos personas por el homicidio de un enfermero de Junín. Según lo informado en aquel momento, recibió una pena de entre las más altas impuestas en el juicio y fue declarado reincidente.
Más allá de ese antecedente, el aspecto central del caso actual vuelve a ser el uso de celulares dentro de las cárceles. La posibilidad de que un detenido pueda comunicarse con el exterior y, eventualmente, utilizar esos dispositivos para intimidar o cometer nuevos delitos expone una vulnerabilidad en los controles penitenciarios.
El procedimiento también pone en valor el trabajo conjunto entre investigadores especializados, la Justicia y el Servicio Penitenciario. Ahora serán las pericias sobre el teléfono las que deberán aportar evidencia concreta sobre la participación del interno y establecer el alcance de las amenazas.
Desde la Secretaría de Seguridad de Junín recomendaron a quienes reciban este tipo de comunicaciones conservar audios, capturas y mensajes, evitar responder y realizar la denuncia de inmediato. La investigación deberá determinar no solo quién realizó las amenazas, sino también cómo un dispositivo no autorizado terminó en manos de un detenido.
