Universidades y Gobierno no lograron un acuerdo: fracasó la negociación salarial y sigue el conflicto.

La reunión entre el Gobierno nacional y las universidades públicas, realizada este lunes para intentar destrabar el conflicto por el financiamiento del sistema universitario, terminó sin acuerdo. Aunque las autoridades nacionales presentaron una propuesta superadora, las negociaciones fracasaron por una condición que las casas de estudio consideraron inaceptable.

En representación del Gobierno participó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mientras que por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) asistieron rectores de universidades del interior del país.

Según trascendió, el Ejecutivo condicionó una mejora en la oferta salarial a que las universidades retiraran la denuncia judicial presentada por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el sector académico descartaron esa posibilidad y ratificaron que mantendrán el reclamo.

Además de una recomposición salarial, las universidades reclamaron la apertura de una instancia de negociación paritaria que permita discutir actualizaciones periódicas frente a la inflación. Desde el sector sostienen que los incrementos otorgados hasta el momento continúan por debajo de la suba de precios y advierten que el presupuesto universitario acumula una fuerte pérdida de poder adquisitivo.

Las autoridades universitarias también señalan que el presupuesto vigente resulta insuficiente para garantizar el funcionamiento normal de las instituciones durante 2026. En ese marco, insisten en la necesidad de actualizar las partidas y cumplir con los mecanismos previstos en la Ley de Financiamiento Universitario.

Tras el encuentro, las conversaciones quedaron interrumpidas y, por el momento, no hay una nueva reunión programada entre las partes.

La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en agosto de 2025, establece mecanismos para recomponer el poder adquisitivo de docentes y no docentes universitarios hasta los niveles de noviembre de 2023, tomando como referencia la evolución de la inflación. Además, fija que las futuras negociaciones paritarias tengan como piso la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Tras su aprobación, el presidente Javier Milei vetó la norma, aunque posteriormente el Congreso rechazó ese veto. Sin embargo, las universidades sostienen que el Gobierno nacional continúa sin aplicar sus disposiciones, situación que derivó en una presentación judicial. Las casas de estudio obtuvieron fallos favorables en primera y segunda instancia, aunque el conflicto permanece sin resolución definitiva.

En paralelo, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto alternativo que contemplaba una recomposición salarial del 12% en tres cuotas. La iniciativa no avanzó en el ámbito legislativo y fue considerada insuficiente por las autoridades universitarias.

Durante la reunión mantenida esta semana entre funcionarios nacionales y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Gobierno mejoró su propuesta. La oferta incluyó un aumento salarial del 21,3% a partir de junio y un incremento adicional del 3% en octubre.

La propuesta también contempló una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades, con recursos adicionales destinados a los hospitales universitarios, y una suba del 50% en las Becas Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas.

A pesar de la mejora respecto de planteos anteriores, las universidades sostuvieron que la oferta no resuelve el reclamo de fondo y reiteraron la exigencia de que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

Uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo entre el Gobierno nacional y las universidades fue la exigencia oficial de que las casas de estudio desistieran de la demanda judicial iniciada por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde el sistema universitario descartaron esa posibilidad y ratificaron que mantendrán el reclamo. Consideran que renunciar a la acción judicial implicaría convalidar la pérdida de recursos acumulada en los últimos años, tanto en materia salarial como en partidas destinadas al funcionamiento, mantenimiento e infraestructura.

La controversia gira en torno a una ley que, según las universidades, continúa sin aplicarse pese a haber sido ratificada por el Congreso y contar con fallos favorables en distintas instancias judiciales. Mientras tanto, el Gobierno sostiene una política de fuerte control del gasto público con el objetivo de preservar el superávit fiscal.

Según estimaciones difundidas por el sector universitario, el costo de implementar plenamente la norma representaría alrededor del 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI). Las autoridades académicas argumentan que la demora en su aplicación profundiza el deterioro presupuestario y salarial del sistema.

En este contexto, la resolución definitiva podría quedar en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá pronunciarse sobre la validez y el cumplimiento de la ley. La decisión no solo impactará sobre el financiamiento universitario, sino que también podría sentar un precedente institucional respecto de los alcances de las obligaciones del Poder Ejecutivo frente a una norma sancionada por el Congreso.

Mientras no exista una resolución judicial firme ni un acuerdo político entre las partes, el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas continúa abierto.