No se trata solo de “vender” patrimonio nacional, sino de entregar soberanía económica y herramientas de desarrollo a cambio de inversiones condicionadas y privilegios de largo plazo.

La iniciativa también incorpora un amplio blindaje jurídico para las empresas beneficiadas, garantizando estabilidad normativa durante 30 años y habilitando el acceso a tribunales internacionales como el CIADI ante eventuales conflictos con el Estado. Las críticas apuntan a que el esquema condiciona a futuros gobiernos y cede capacidad de decisión soberana frente a corporaciones con poder económico superior al de muchos países.

El proyecto aparece alineado con intereses de grandes actores tecnológicos globales y profundiza el modelo de apertura económica promovido por Javier Milei. Mientras el oficialismo lo presenta como una herramienta para atraer inversiones millonarias, sectores opositores y especialistas advierten que se trata de un régimen diseñado a medida de multinacionales, con privilegios inéditos y escasos beneficios concretos para el desarrollo productivo local.

El “Súper RIGI” profundiza un esquema de privilegios fiscales y jurídicos para grandes corporaciones tecnológicas, especialmente vinculadas a datacenters e inteligencia artificial, mientras la industria nacional y las pymes enfrentan un escenario de recesión, apertura importadora y pérdida de competitividad. El proyecto reduce impuestos, elimina derechos aduaneros y flexibiliza el acceso a divisas para compañías extranjeras, otorgándoles condiciones excepcionales que no alcanzan al entramado productivo local.

Entre los puntos más cuestionados aparece el compromiso del Estado de garantizar estabilidad normativa por 30 años, limitando la capacidad de futuros gobiernos para regular o modificar las condiciones pactadas. Además, las empresas podrán recurrir a tribunales internacionales ante eventuales conflictos, consolidando un fuerte blindaje legal a favor de intereses privados globales.

Las críticas también apuntan al escaso impacto que estas inversiones tendrían sobre el empleo y la producción nacional. El régimen habilita la importación sin restricciones de equipamiento tecnológico y cadenas de valor completas desde el exterior, reduciendo la participación de proveedores argentinos. En paralelo, especialistas advierten que firmas con enorme capacidad económica podrían terminar tributando proporcionalmente menos que muchas pymes locales, mientras consumen grandes recursos energéticos y reciben beneficios financiados indirectamente por el resto de la economía.