Aunque el Ejecutivo confirmó que garantizará fondos para el organismo, el episodio volvió a encender cuestionamientos sobre el alcance del ajuste estatal y sus consecuencias sobre áreas sensibles vinculadas a investigación científica, justicia y reparación histórica.
Tras la intervención del juez federal Alejo Ramos Padilla, el Gobierno nacional anunció que reforzará las partidas destinadas al Banco Nacional de Datos Genéticos.
El Gobierno nacional confirmó que reforzará el presupuesto del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) luego de la intervención del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien había ordenado garantizar el funcionamiento del organismo encargado de realizar análisis de ADN para identificar a bebés apropiados durante la última dictadura militar.
La decisión implicó, en los hechos, un reconocimiento oficial del desfinanciamiento denunciado desde hace meses por Abuelas de Plaza de Mayo y por las autoridades técnicas del organismo. La crisis quedó expuesta cuando la directora del BNDG, Mariana Herrera Piñero, advirtió que ya no podían seguir tomando muestras biológicas por falta de recursos e insumos esenciales.
Tras una medida cautelar dictada por Ramos Padilla, el Gobierno mantuvo reuniones con autoridades del organismo y confirmó una ampliación presupuestaria de 590 millones de pesos para sostener su funcionamiento. Entre las faltantes reconocidas aparecían reactivos de laboratorio, mantenimiento de equipos, servicios básicos, limpieza, seguridad y viáticos necesarios para realizar extracciones de muestras en distintos puntos del país.
El conflicto volvió a poner en discusión el impacto de la política de ajuste impulsada por la administración de Javier Milei sobre áreas sensibles vinculadas a derechos humanos, ciencia y justicia. Mientras el Ejecutivo sostiene el discurso de reducción del gasto público bajo la premisa de “plata no hay”, distintos sectores judiciales y organismos de derechos humanos advirtieron que el recorte ponía en riesgo investigaciones vinculadas a delitos de lesa humanidad.
En paralelo, el Gobierno cuestionó la intervención judicial y acusó al magistrado de avanzar sobre facultades del Poder Ejecutivo. También criticó a las fiscalías especializadas y a la conducción del BNDG por considerar “desproporcionadas” las advertencias sobre la situación financiera del organismo.
El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, a pedido de Abuelas de Plaza de Mayo. Actualmente conserva unas 32 mil muestras genéticas y constituye una herramienta clave para la identificación de hijos e hijas de desaparecidos apropiados durante el terrorismo de Estado.
La situación también reactivó cuestionamientos hacia el Gobierno por otras medidas que, según organismos de derechos humanos, dificultan la búsqueda de nietos y nietas apropiados. Entre ellas aparecen recortes presupuestarios, la eliminación de áreas especializadas y obstáculos para acceder a archivos estatales vinculados a la última dictadura.
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