“Causa Cuadernos: tres imputados afirman haber declarado falsamente bajo presión para evitar la prisión y aseguran haberlo dejado registrado ante escribano.”

La audiencia de este martes incorporó un elemento disruptivo en la Causa Cuadernos: el empresario Mario Rovella sostuvo que falseó su indagatoria para evitar la prisión, admitiendo pagos inexistentes bajo presión atribuida al juez Claudio Bonadio. Ante el Tribunal Oral Federal 7, afirmó además haber dejado constancia previa de esa situación en una escribanía, lo que sugiere un intento de resguardo probatorio frente a un contexto que describe como coercitivo.

En la misma línea, Oscar Sansiseña y Guillermo Escolar, responsables de la firma Cleanosol, declararon haber seguido idéntico procedimiento: antes de comparecer ante la Justicia, dejaron asentado ante escribano que no habían efectuado pagos ilícitos, pero que declararían lo contrario debido a presiones que también vincularon con Claudio Bonadio. El planteo introduce un cuestionamiento estructural sobre la integridad de las confesiones en el expediente y abre la puerta a eventuales nulidades si tales afirmaciones lograran ser acreditadas.

Ante la reiteración de ese mecanismo, los defensores Maximiliano Rusconi, José Manuel Ubeira y Federico Paruolo solicitaron la extracción de testimonios para evaluar una eventual investigación por coacción contra el fiscal Carlos Stornelli. En paralelo, aclararon que cualquier avance respecto de Claudio Bonadio resulta jurídicamente inviable debido a su fallecimiento, lo que extingue la acción penal en su contra.

El Tribunal Oral Federal 7, por su parte, difirió una decisión al cierre del juicio, una definición que posterga la evaluación de posibles irregularidades y mantiene en suspenso el impacto que estas denuncias podrían tener sobre la validez del proceso.

Las declaraciones de los empresarios

Ante el Tribunal Oral Federal 7, Mario Rovella expuso la inconsistencia entre su declaración de 2019 y la actual, que atribuyó a un contexto de presión. Negó haber entregado dinero a Ernesto Clarens y sostuvo que admitió pagos inexistentes bajo coacción psicológica, con la amenaza implícita de quedar detenido, en un escenario donde varios empresarios efectivamente fueron encarcelados.

En la misma línea, Oscar Sansiseña afirmó que Ernesto Clarens le solicitó un aporte para una campaña electoral, pero que finalmente no concretó ningún pago. Por su parte, Guillermo Escolar reconstruyó una secuencia de detenciones en agosto de 2018 —incluyendo las de Gustavo Dalla Tea y Hugo Dragonetti— que, según su relato, operaron como factor de presión indirecta. En ese contexto, admitió que, asesorados por su abogado Diego Olmedo, decidieron declarar pagos de sobornos ante el juez Claudio Bonadio, dejando simultáneamente constancia notarial de que se trataba de una falsedad.

La posición de la fiscal y de los jueces

La fiscal Fabiana León rechazó los planteos de las defensas para abrir una investigación por coacción, argumentando que se trata de una cuestión ya desestimada previamente y que los imputados buscan reconfigurar su rol procesal, presentándose como víctimas.

Desde el punto de vista jurídico, los acusados no están obligados a decir la verdad en su defensa, a diferencia de los testigos, que sí tienen ese deber. En la audiencia también se evidenció una estrategia de silencio por parte de otros imputados, como Tito Biagini, José Gerardo Cartellone, Luis Armani y Juan Bautista Pachela, quienes optaron por no declarar.

En conjunto, el cuadro expone una tensión central: las nuevas afirmaciones apuntan a erosionar la credibilidad de las confesiones originales, pero al mismo tiempo enfrentan el límite estructural de haber sido realizadas por imputados, cuya palabra carece de obligación de veracidad y, por ende, requiere corroboración externa para impactar en la validez del proceso.

En una audiencia previa, el empresario Daniel Pitón ya había introducido el mismo argumento: sostuvo que declaró falsamente para evitar la prisión, reforzando un patrón defensivo que apunta a desacreditar las confesiones iniciales.

El expediente —la Causa Cuadernos— investiga un presunto esquema sistemático de recaudación de sobornos vinculado a la obra pública entre 2003 y 2015. En ese contexto, Cristina Fernández de Kirchner está imputada como presunta jefa de una asociación ilícita y por el delito de cohecho. La reiteración de testimonios que alegan coacción introduce un elemento crítico: si bien no invalida automáticamente el proceso, sí tensiona la solidez probatoria de las declaraciones que constituyeron uno de sus pilares centrales, trasladando el eje hacia la necesidad de evidencia independiente que las respalde.