La oposición busca interpelar a Guillermo Francos por el caso Adorni.

Las declaraciones del contratista Matías Tabar ante la Justicia, vinculadas a las millonarias refacciones en la propiedad de Indio Cuá, intensificaron la presión política sobre Manuel Adorni y derivaron en un nuevo intento opositor de llevar el caso al Congreso.

Un grupo de diputados solicitó una sesión especial para el 14 de mayo con el objetivo de emplazar a distintas comisiones y habilitar el tratamiento de proyectos de interpelación. La intención es que Adorni brinde explicaciones sobre su situación patrimonial, el uso de bienes del Estado y los costos de sus viajes al exterior.

El avance parlamentario surge luego de que la investigación judicial profundizara las dudas sobre el origen y la modalidad de los fondos utilizados en la remodelación de la vivienda, una operación cuyo costo quedó muy por encima del valor original de compra del inmueble.

La oposición enfrenta, sin embargo, una dificultad central: reunir los 129 diputados necesarios para alcanzar el quorum. En ese escenario, la decisión de Unión por la Patria de participar en la sesión, pese a no haber firmado el pedido original, representa un respaldo importante para sostener la convocatoria.

Además, el bloque opositor adelantó que buscará ampliar el temario para incorporar debates vinculados a problemáticas económicas y sociales cotidianas, en un intento por conectar el caso con el contexto general que atraviesa la sociedad.

El episodio muestra cómo una investigación patrimonial comienza a trasladarse al terreno político e institucional, convirtiéndose en un foco de desgaste para el oficialismo y en una oportunidad para que la oposición reactive mecanismos de control parlamentario.

El impulso opositor para interpelar a Manuel Adorni comenzó a ordenar alianzas parlamentarias, aunque también dejó en evidencia fuertes diferencias estratégicas dentro del propio arco opositor. El pedido de sesión especial fue presentado por legisladores de distintos espacios, entre ellos referentes de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal y bloques provinciales.

La ausencia de firmas de Unión por la Patria generó malestar interno. Desde el peronismo señalaron que no fueron convocados a participar de la iniciativa y cuestionaron que se avanzara sin coordinación política previa. Aun así, anticiparon que darán quorum y recordaron que fueron el primer bloque en impulsar pedidos de interpelación.

El debate también abrió diferencias sobre la estrategia parlamentaria. Mientras algunos sectores pretenden focalizar exclusivamente en el caso Adorni y las sospechas sobre su patrimonio, Unión por la Patria busca ampliar el temario e incorporar problemáticas económicas y sociales vinculadas a salud, PAMI, endeudamiento familiar, empleo e industria. La intención es evitar que la sesión quede reducida a un único caso político y conectar la discusión con el deterioro económico general.

Más allá de los posicionamientos, el principal obstáculo sigue siendo matemático: alcanzar los 129 diputados necesarios para habilitar la sesión. Aun sumando los distintos bloques opositores y algunos legisladores provinciales, los números continúan siendo ajustados y el oficialismo mantiene margen para bloquear el avance parlamentario.

Las tensiones más visibles aparecieron dentro de Provincias Unidas, donde conviven sectores críticos con el gobierno y otros alineados con gobernadores dialoguistas. Esa fractura derivó en la salida de Maximiliano Ferraro y Mónica Frade del interbloque, en un movimiento que expuso diferencias sobre cómo posicionarse frente al oficialismo de Javier Milei.

En su ruptura, los legisladores de la Coalición Cívica cuestionaron directamente la situación patrimonial de funcionarios nacionales y remarcaron la contradicción entre el ajuste exigido a la sociedad y los estilos de vida atribuidos a integrantes del Ejecutivo. El señalamiento convierte el caso Adorni en un símbolo de una discusión más amplia sobre austeridad, transparencia y legitimidad política.