Auditoría detecta irregularidades y sobreprecios en la ex Andis.

Una auditoría interna del Ministerio de Salud incorporada a la causa judicial sobre la ex ANDIS reveló un esquema de contrataciones atravesado por sobreprecios, posibles maniobras de cartelización y vínculos societarios entre proveedores favorecidos. El informe analiza 505 expedientes ejecutados durante 2025 por un total de 18 mil millones de pesos y detecta incrementos de hasta 4.000% en la compra de insumos ortopédicos.

La investigación alcanza al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y a otros exfuncionarios y empresarios vinculados al circuito de proveedores. El expediente tramita en el juzgado federal subrogado por Ariel Lijo, con intervención del fiscal Franco Picardi.

El documento cuestiona contrataciones realizadas con firmas como Farma Salud S.R.L., Ortopedia Bernat S.R.L., Artrobone Ortopedia S.A., Cirugía y Ortopedia Imnova S.A., Bymax Médica y Expo Trauma. Según la auditoría, varias compartían domicilios, vínculos familiares o estructuras societarias, lo que habría afectado la libre competencia.

Uno de los puntos más sensibles es el caso de Farma Salud, la empresa con mayor volumen de facturación dentro de los expedientes analizados. El informe detectó diferencias extraordinarias entre precios abonados por Andis y valores de referencia utilizados por el PAMI. En un caso, un insumo médico adquirido por 425 millones de pesos había sido comprado meses antes por el PAMI a 124 millones.

La auditoría también identificó irregularidades llamativas en domicilios fiscales y operativos. Por ejemplo, Expo Trauma declaró una dirección inexistente en Haedo y otro domicilio fiscal que, según capturas de Google Maps incorporadas al expediente, funcionaría como un lavadero de autos.

El informe sostiene que existía una “red de interconexión” entre proveedores que vulneraba principios básicos de transparencia y razonabilidad del gasto público. Además, advirtió que aún quedaban pagos pendientes por casi 4.800 millones de pesos, lo que habilitaba la posibilidad de frenar transferencias antes de su liquidación definitiva.

La causa no solo pone bajo sospecha el manejo administrativo de la ex Andis, sino que también expone posibles mecanismos sistemáticos de direccionamiento de contratos en un área especialmente sensible del Estado, vinculada a prestaciones para personas con discapacidad.