Héctor Azil, secretario general de ATSA Junín, cuestionó la reforma laboral y su encuadre legal, al advertir tensiones con la constitucionalidad y con el principio de progresividad en derechos laborales respaldado por convenios de la OIT.
Desde una mirada crítica, sostuvo que la normativa implica un retroceso en beneficios y condiciones de vida, al contradecir la obligación de ampliar —y no reducir— derechos adquiridos. Además, señaló que su aprobación evidencia acuerdos políticos transversales pese a la debilidad parlamentaria del oficialismo, lo que, según su análisis, refuerza el carácter regresivo de la medida.
Azil también cuestionó el enfoque económico de la reforma: planteó que no generará empleo sin crecimiento productivo, y la enmarcó en un contexto de caída sostenida de la actividad. En ese sentido, interpretó el concepto de “modernización” como un eufemismo que encubre un retorno a esquemas laborales más precarios, comparables con etapas previas a las conquistas sindicales.
En el plano judicial, explicó que la ley continúa vigente pese al amparo impulsado por la CGT, y que cualquier eventual declaración de inconstitucionalidad dependerá de litigios individuales que pueden demorar años, lo que dilata el impacto efectivo de una revisión judicial.
