En Junín, concejales del espacio Somos reactivaron el reclamo por la paralización de 25 viviendas, exigiendo precisiones a la Provincia sobre el futuro de una obra detenida desde 2023. El planteo retoma un pedido previo sin respuesta, lo que evidencia una persistente falta de definición institucional frente a un proyecto con impacto social directo.
Junin
Reclamo por viviendas paralizadas expone falta de definición y costos crecientes por inacción.
El emprendimiento, ejecutado bajo convenio con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, presenta un avance físico superior al 55%, pero permanece interrumpido, configurando un escenario típico de ineficiencia pública: inversión ya realizada sin retorno social inmediato. A esto se suma el deterioro progresivo y hechos de vandalismo, que incrementan el costo de finalización y erosionan la viabilidad económica del proyecto.
El antecedente más relevante es el compromiso asumido por la ministra Silvina Batakis en 2024 para reactivar las obras, que no se materializó. Esta brecha entre anuncios y ejecución profundiza la incertidumbre y debilita la credibilidad de la gestión en materia habitacional.
El pedido actual no solo exige información —plazos, montos actualizados y decisión sobre la continuidad o rescisión del convenio—, sino que pone en evidencia un problema estructural: la falta de mecanismos efectivos de seguimiento y cumplimiento en políticas de vivienda. En un contexto de alta demanda habitacional, la paralización prolongada transforma una solución potencial en un pasivo social y económico.
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