“El Coloso” suscribió un contrato por 720 millones de pesos para trasladar el área de Modernización a un edificio céntrico, en una decisión que contradice la política oficial de “alquiler cero” y profundiza tensiones internas en el Gobierno.
Federico Sturzenegger volvió a quedar en el centro de la controversia. En medio de las negociaciones por la reforma laboral y de cuestionamientos internos dentro del oficialismo, se conoció un contrato de alquiler por 720 millones de pesos para ocupar cuatro pisos y 24 cocheras en un edificio ubicado a pocas cuadras de la Casa Rosada. La medida contrasta con el discurso de reducción del Estado que promueve la administración libertaria.
La resolución, publicada en el portal ComprAR con fecha 30 de noviembre, establece el alquiler de los pisos 3°, 4°, 5° y 6° del inmueble situado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788 (Diagonal Norte), además de 24 espacios de estacionamiento. El monto mensual asciende a 15 millones de pesos por piso, cifra a la que deben sumarse expensas y servicios como electricidad, gas e internet, todos solventados con recursos públicos.
La contratación se produce mientras el Gobierno impulsa el programa denominado “Alquiler cero”, orientado a reducir erogaciones en locaciones para dependencias nacionales. Sin embargo, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) argumentó en la resolución que no existían inmuebles del Estado Nacional con las características requeridas, por lo que autorizó la operación. Desde el organismo señalaron que, conforme al pliego técnico, el inmueble elegido resultaba excluyente y sin sustitutos adecuados.
El nuevo contrato se suma a otra polémica reciente: la adjudicación directa que realizó la Cancillería a una asociación dirigida por la esposa del ministro para dictar cursos de inglés, sin convocatoria a licitación pública. El argumento oficial fue que se trataba de la única institución capaz de brindar el servicio, pese a la existencia de múltiples alternativas en la Ciudad de Buenos Aires. Desde la entidad contratada indicaron además que su proximidad física a la Cancillería justificaba la elección.
En paralelo, trascendieron cuestionamientos dentro del propio oficialismo luego de declaraciones de Sturzenegger sobre la reforma laboral, particularmente en relación con descuentos salariales por enfermedad, lo que habría generado malestar incluso en bloques aliados.
El edificio alquilado pertenece a OTOBA S.A., firma que también mantiene contratos con el Gobierno porteño en el mismo inmueble. Mientras tanto, el ministro mantiene silencio público sobre el tema y no emitió explicaciones en sus redes sociales, donde habitualmente participa de la discusión política.
La controversia también reavivó antecedentes vinculados a la trayectoria de Josefina Rouillet, directora de la asociación beneficiada con contratos para la enseñanza de inglés y exgerenta general del Fondo Nacional de las Artes. En 2017 fue denunciada, junto a otras autoridades, por presuntas irregularidades vinculadas a la participación argentina en la feria ARCO Madrid. La causa judicial, que tramitó ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, fue posteriormente archivada.
En este contexto, la decisión de ampliar oficinas ministeriales y sostener contratos millonarios se inscribe en un escenario de ajuste presupuestario sobre otros sectores, lo que profundiza el debate sobre la coherencia entre el discurso de reducción del gasto público y las erogaciones efectivamente realizadas por la administración nacional.
