Los fiscales de la causa Vialidad solicitaron el decomiso de nuevos bienes de Cristina Fernández, incluido el inmueble de San José 1111

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola requirieron al Tribunal Oral Federal 2 que disponga una nueva instancia de decomiso de bienes pertenecientes a las personas condenadas en la causa Vialidad. Entre los activos señalados figuran 13 inmuebles vinculados a sociedades de la familia Kirchner, incluido el departamento ubicado en la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la ex presidenta Cristina Fernández cumple arresto domiciliario.

En la sentencia dictada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso se estableció que la defraudación al Estado ascendió a 84.835 millones de pesos. Posteriormente, tras la intervención de peritos de la Corte Suprema de Justicia, esa cifra fue actualizada a 684.990 millones de pesos.

La defensa de Cristina Fernández cuestionó el listado inicial de bienes presentado por el Ministerio Público, al sostener que no constituyen el producto de ningún delito y que, en su mayoría, fueron adquiridos con anterioridad al inicio de las obras públicas que se encuentran bajo cuestionamiento en el expediente.

En esta nueva presentación, los fiscales acompañaron un dictamen de 30 páginas que incorpora un segundo inventario compuesto por 141 inmuebles y otros activos. De ese total, 128 se encuentran vinculados a sociedades del empresario Lázaro Báez. En relación con la ex mandataria, se detallan 13 propiedades, entre ellas un chalet en Río Gallegos, el hotel Alto Calafate, el hotel La Aldea —ubicado en El Chaltén—, otros inmuebles en la provincia de Santa Cruz, sumas en dólares depositadas en una caja de ahorro del Banco Galicia y fondos resguardados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner.

En el escrito, los fiscales sostuvieron: “Venimos por el presente a identificar nuevos bienes de las personas condenadas para que se ordene su decomiso”. Asimismo, argumentaron que los condenados “todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”, y señalaron que han recurrido a diversos planteos procesales que —según indicaron— fueron declarados inadmisibles en reiteradas oportunidades por el tribunal encargado de la ejecución de la sentencia y por instancias superiores.