Indagarán a 17 represores de Mendoza por crímenes contra niños, niñas y adolescentes

En un contexto marcado por cuestionamientos a las políticas de memoria, verdad y justicia y por la ralentización de los procesos judiciales vinculados a los crímenes de la última dictadura, la Justicia Federal de Mendoza dio lugar a la apertura de una investigación penal que permitirá indagar a 17 represores pertenecientes al Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía provincial. Los acusados habrían participado en delitos de lesa humanidad cometidos contra casi sesenta bebés, niños, niñas y adolescentes durante el terrorismo de Estado.

Desde la Oficina Fiscal de Derechos Humanos de Mendoza, área que impulsa la causa, calificaron la decisión como “histórica”, al considerar que se produce en un escenario de retroceso y ataque sistemático contra las políticas de memoria, verdad y justicia.

“El avance de este proceso demuestra que la investigación y el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en nuestro país continúan vigentes, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino”, sostuvo Daniel Rodríguez Infante, auxiliar fiscal de Mendoza e integrante de la oficina que promovió el expediente.

El juez federal Leopoldo Rago Gallo resolvió iniciar formalmente la causa e indagar a 17 represores —entre ellos exagentes del Departamento de Informaciones Policiales (D-2)— por hechos cometidos contra casi 60 bebés, niños, niñas y adolescentes. La resolución se adoptó luego de analizar el requerimiento de imputación presentado por el fiscal Dante Vega junto a los auxiliares fiscales Daniel Rodríguez Infante y Analía Quintar. Se trata de la primera causa judicial que aborda la represión sobre la infancia como una dimensión específica del terrorismo de Estado.

La decisión judicial se sustenta en la recopilación de testimonios, documentación y peritajes que permiten reconstruir cómo la violencia estatal impactó de forma directa en hijos e hijas de personas perseguidas, secuestradas y torturadas en centros clandestinos, muchas de ellas desaparecidas durante la última dictadura. Hasta el momento, estos hechos solían incorporarse como parte del contexto de otros delitos, salvo en los casos de apropiación de bebés. El Ministerio Público Fiscal planteó que existió un patrón sistemático de agresiones contra menores que requiere una investigación autónoma.

El expediente busca determinar la responsabilidad penal de 17 de los 24 represores inicialmente señalados, ya que los otros siete quedaron fuera del proceso por fallecimiento, incapacidad sobreviniente o absoluciones previas en juicios federales. Los fiscales solicitaron imputarlos por privación abusiva de la libertad, imposición de tormentos agravados, abandono de persona, coacción y por delitos vinculados a la sustitución de identidad, como sustracción, retención u ocultamiento de menores, alteración del estado civil y falsedad ideológica.

“Desde el Ministerio Público Fiscal entendemos que los múltiples delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes en el marco del accionar represivo estatal debían ser adecuadamente visibilizados. En ese sentido, trabajamos para reconstruir, al menos parcialmente, este fenómeno criminal, aun sabiendo que se trata de un recorte de un universo de padecimientos mucho más amplio que excede lo que puede ser estrictamente abordado por el derecho penal”, explicó Rodríguez Infante en diálogo con Junin Al Minuto.

El requerimiento fiscal detalla distintas modalidades de acción represiva sobre las infancias y adolescencias. Entre ellas, se mencionan detenciones de menores durante operativos, situaciones en las que niños presenciaron allanamientos armados, fueron apuntados con armas largas o permanecieron encerrados durante horas mientras sus padres eran secuestrados. En algunos casos, los menores fueron trasladados en vehículos oficiales junto a adultos detenidos o retenidos en dependencias estatales sin registro formal.

También se documentaron casos de abandono forzado, en los que bebés y niños pequeños quedaron solos tras las detenciones. En un episodio, un lactante fue dejado sin cuidado en una vivienda allanada hasta que un vecino escuchó su llanto y pidió ayuda. En otro, dos hermanos permanecieron varios días sin adultos responsables luego del secuestro de sus padres.

La causa incluye además situaciones en las que los menores fueron utilizados como mecanismo de presión sobre familiares perseguidos. Un bebé permaneció bajo el control de un comisario durante casi un mes mientras se intentaba forzar la entrega de su padre, período en el que sufrió desnutrición y afecciones respiratorias. En otro hecho, un niño fue obligado a presenciar golpes y amenazas contra un familiar adulto durante un interrogatorio extorsivo.

Otro eje central del expediente es la alteración de la identidad. Se investigan casos en los que niños fueron ocultados, entregados a terceros o trasladados sin documentación, lo que dificultó durante años la reconstrucción de su historia personal. La Fiscalía sostiene que estas prácticas formaron parte del mismo entramado represivo orientado a desarticular los vínculos familiares.

Los hechos ocurrieron en un territorio donde operaba el D-2, señalado como el principal centro clandestino de detención de la provincia, y donde actuaban de manera coordinada el Ejército, a través del Destacamento de Inteligencia 144, y la Fuerza Aérea. La imputación sostiene que los delitos contra niños, niñas y adolescentes no fueron excesos aislados, sino parte de una estrategia destinada a controlar a todo el entorno familiar de las personas perseguidas.

Entre los imputados hay exoficiales, suboficiales, agentes y jefes policiales, cuya participación está siendo analizada de manera individual. La Justicia avanzó con las indagatorias bajo el principio de que estos delitos, por su carácter de lesa humanidad, son imprescriptibles.