El juez Wilson Espada dispuso la detención preventiva de Fernando Cerimedo durante 180 días en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, mientras avanza la investigación que lo señala como presunto autor intelectual del ataque contra Nadia Beller. La decisión fue adoptada luego de rechazar los planteos de nulidad presentados por la defensa.
Los abogados de Cerimedo cuestionaron la apertura de su teléfono celular sin participación de la defensa, la forma en que fue detenido, los plazos de su presentación ante la Justicia y la duración de la prisión preventiva. Sin embargo, el magistrado desestimó todos los planteos y avaló la incorporación de los mensajes obtenidos del dispositivo.
Entre las nuevas evidencias incorporadas a la causa aparecen conversaciones mantenidas durante el momento del ataque. Según la Fiscalía, un contacto identificado como “ECG” intercambió mensajes con Cerimedo mientras Beller era baleada. La víctima y el expresidente Evo Morales sostienen que esa persona sería Erik Correa González, señalado como jefe de Inteligencia del gobierno de Rodrigo Paz, aunque esa identificación deberá ser acreditada judicialmente.
La investigación también detectó fotografías, videos y mensajes vinculados con el seguimiento de Beller, además de 34 registros eliminados entre mensajes o llamadas. A esto se suma una anotación encontrada en el teléfono de Cerimedo que hace referencia a la posibilidad de “eliminar” a Beller, elemento que la Fiscalía considera relevante para establecer el vínculo entre el acusado y el ataque.
La acusación también se sustenta en antecedentes de violencia de género denunciados por Beller. Los investigadores incorporaron conversaciones en las que Cerimedo habría intentado evitar que la mujer hiciera públicas las agresiones y mencionaba un embarazo que, según los mensajes, reconocería como propio.
En paralelo, la Policía boliviana detuvo a tres personas vinculadas con el ataque, aunque posteriormente una de ellas recuperó la libertad. La identificación y eventual conexión de los sospechosos con Cerimedo constituye uno de los puntos centrales de la investigación, ya que todavía resta establecer con precisión quiénes fueron los autores materiales y qué vínculo mantenían con el acusado.
La causa también tiene una segunda dimensión judicial. En La Paz, Cerimedo es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y se realizaron varios allanamientos. Los procedimientos incluyeron viviendas, establecimientos vinculados a operaciones financieras y una oficina que habría utilizado para asesorar al Gobierno boliviano. Sin embargo, algunas de las cifras difundidas inicialmente sobre el dinero encontrado fueron posteriormente modificadas, por lo que esos datos deberán ser corroborados por la investigación.
Desde una perspectiva analítica, la detención preventiva representa un avance importante para la Fiscalía, pero no equivale a una condena. La Justicia deberá determinar si los mensajes, registros digitales, testimonios y demás elementos permiten establecer una relación concreta entre Cerimedo y la planificación del ataque. La identificación de los autores materiales y la reconstrucción de las comunicaciones durante el momento de la agresión serán claves para definir el alcance de su eventual responsabilidad penal.
A su vez, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito podría abrir un segundo frente judicial para el consultor. Allí, el desafío de la Fiscalía será verificar el origen y destino de los fondos y establecer si existió efectivamente un esquema de operaciones ilegales vinculado con su actividad en Bolivia
