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Gastón Bisio, presentó en el Concejo Deliberante de Junín un proyecto para reclamar al Gobierno nacional que los recursos recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles y otros fondos destinados a infraestructura vial sean utilizados efectivamente para reparar y mantener las rutas nacionales.

Además de reclamar obras, el proyecto solicita información sobre cuánto recaudó el Estado nacional durante 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026, cuánto de esos recursos fue efectivamente ejecutado y qué monto permanece sin utilizar. También pide conocer las obras previstas, los presupuestos asignados, los organismos responsables y los plazos de ejecución.

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El concejal de Junín Gastón Bisio impulsó un proyecto para reclamar al Gobierno nacional que los recursos recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles y otros fondos destinados a infraestructura vial sean utilizados efectivamente para el mantenimiento y reparación de las rutas.

La iniciativa surge ante el deterioro de distintos corredores del país y, particularmente, de las rutas nacionales 7 y 188, consideradas estratégicas para Junín y la región por su importancia para el tránsito, el transporte de cargas, la actividad agropecuaria y la economía regional.

Bisio sostuvo que existe una contradicción entre los recursos que los automovilistas y transportistas aportan a través de los impuestos incluidos en los combustibles y el estado de las rutas. En ese sentido, reclamó que esos fondos no sean retenidos, acumulados sin ejecución o reasignados a otros fines.

El proyecto también solicita al Gobierno nacional información detallada sobre cuánto se recaudó en 2024, 2025 y durante 2026, qué porcentaje fue ejecutado y qué recursos permanecen sin utilizar. Además, pide conocer las obras previstas para las rutas nacionales que atraviesan el partido de Junín, los presupuestos asignados, los organismos responsables y los plazos establecidos.

Durante la sesión del Concejo Deliberante, los concejales libertarios Rocío Cayzac, Diego Cristina, Diego Carballo y Leonel Juliá votaron en contra de la iniciativa. Desde el espacio de Bisio cuestionaron esa postura y consideraron que el pedido de información y ejecución de fondos responde a una necesidad concreta de la comunidad y no a una cuestión partidaria.

Desde una mirada crítica, el reclamo pone en discusión no solo el deterioro de la infraestructura vial, sino también la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Para Junín, el estado de las rutas 7 y 188 tiene consecuencias directas sobre la seguridad vial, el transporte y la actividad productiva. Por eso, el debate excede la disputa política y plantea la necesidad de determinar si los fondos recaudados con una finalidad específica están llegando efectivamente a las obras que los usuarios necesitan.

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