El Concejo Deliberante aprobó dos ordenanzas destinadas a reforzar la protección de los consumidores, incorporando nuevas herramientas para defender sus derechos y mejorar los mecanismos de atención y respuesta ante posibles abusos comerciales.

El Concejo Deliberante de Junín aprobó dos ordenanzas orientadas a reforzar la defensa de consumidores y usuarios, con especial atención a dos problemáticas crecientes: el sobreendeudamiento familiar y la situación de los consumidores hipervulnerables.

La primera normativa crea un procedimiento municipal para asistir a personas endeudadas, promoviendo la refinanciación, adecuación de cuotas, reducción de intereses y reestructuración de obligaciones. También establece límites a las prácticas abusivas de cobranza, como el hostigamiento, las amenazas o el contacto con familiares y empleadores. La OMIC tendrá un rol central en la recepción de reclamos y la búsqueda de acuerdos con los acreedores.

La segunda ordenanza crea un programa específico para consumidores que, por condiciones económicas, sociales o personales, enfrentan mayores dificultades para ejercer sus derechos. Entre ellos se incluyen adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, habitantes de zonas rurales y sectores en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Se establecen principios de trato digno, lenguaje accesible, celeridad y asistencia reforzada.

Un aspecto relevante es que ambas iniciativas no se limitan a intervenir cuando el conflicto ya está instalado, sino que incorporan prevención y educación financiera para reducir el riesgo de sobreendeudamiento y mejorar el conocimiento de los derechos de los consumidores.

Desde una mirada crítica, las ordenanzas representan un avance en la protección local frente a problemas que exceden el ámbito municipal y reflejan dificultades económicas más amplias. Sin embargo, su eficacia dependerá de la capacidad real de la OMIC para intervenir, del cumplimiento de las obligaciones por parte de los proveedores y de que los mecanismos creados sean accesibles y efectivos para los vecinos. La aprobación de las normas constituye un primer paso; el verdadero desafío será garantizar su aplicación concreta.