La motosierra contra la producción y el trabajo

Un informe oficial actualizado a fines del año pasado indica que desde la asunción de Javier Milei cerraron en promedio 30 empresas por día. En paralelo, se destruyeron casi 291 mil puestos de trabajo y la mayoría de las ramas privadas registró caída del empleo.

Economía

Datos oficiales difundidos por el Gobierno nacional estiman que en los dos últimos años se perdieron 22 mil empresas y 290.602 puestos de trabajo. Solo en noviembre de 2025, último mes relevado, dejaron de operar 892 firmas, en un contexto de fuerte retracción del aparato productivo.

El informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) señala que entre enero y noviembre del año pasado la pérdida neta de empleadores alcanzó 9.722 casos, una cifra similar a la registrada en 2024. El análisis advierte que el escenario podría agravarse si prospera la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, en un marco de endeudamiento, desregulación de importaciones y creciente financiarización de la economía.

En base a los datos de la SRT, el Centro de Política Económica Argentina (CEPA) calculó que el promedio de cierres desde la asunción presidencial equivale a 30 empresas por día, reflejando un deterioro sostenido del entramado productivo.

En noviembre de 2023 el sistema de riesgos del trabajo contabilizaba 512.357 empleadores y 9.857.173 trabajadores. Para el mismo mes de 2025, las cifras descendieron a 490.419 empresas y 9.566.571 empleados. El saldo en dos años fue la pérdida de 21.938 empleadores y 290.602 puestos laborales.

La actividad más afectada fue la construcción, que pasó de crecer a un ritmo anual del 3,4 por ciento en el período 2003-2008 a retroceder 1,3 por ciento en 2024. De las 14 ramas privadas relevadas, 11 redujeron su dotación de personal. Detrás de la construcción se ubicó la industria manufacturera, otro de los sectores intensivos en generación de empleo.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad industrial cayó 3,9 por ciento en diciembre y acumuló seis meses consecutivos en baja, en un contexto marcado por devaluaciones y pérdida de poder adquisitivo.

En contraste, el agro, el comercio y la pesca mostraron variaciones positivas, aunque insuficientes para compensar la retracción general. Históricamente, los sectores vinculados a recursos primarios demandan menor cantidad de mano de obra, lo que limita su capacidad de dinamizar el mercado interno.

El informe también subraya que en los últimos cuatro trimestres analizados el 34 por ciento de los cierres correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad. Una proporción significativa de esas firmas había sido creada en 2023, antes del cambio de gestión.

Impacto de la reforma laboral

Ricardo Diab, titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), sostuvo que la generación de empleo depende de la existencia de producción y consumo. Aunque la entidad respalda el proyecto oficial con matices, advirtió sobre las dificultades para contratar personal en un escenario de demanda deprimida.

Otro indicador refleja el deterioro del consumo: el 44,6 por ciento de las ventas en supermercados se abona con tarjeta de crédito. En paralelo, la morosidad en tarjetas alcanzó el 7,7 por ciento, el nivel más alto desde que existen registros del Banco Central de la República Argentina.

Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Julián Moreno alertó que una flexibilización excesiva podría afectar la masa salarial y profundizar la contracción del mercado interno, con impacto directo en las pymes.

El economista y empresario Gustavo Lázzari señaló que la transición hacia un esquema macroeconómico más abierto expone a una parte significativa de las pequeñas y medianas empresas a procesos de reestructuración por falta de financiamiento y acumulación de deudas. Indicó que el incremento de planes de pago y de cheques rechazados evidencia un universo amplio de firmas con dificultades financieras.

El panorama, de acuerdo con los datos oficiales y las evaluaciones sectoriales, muestra un proceso de ajuste con efectos directos sobre la estructura productiva y el empleo, mientras se debate una reforma laboral que podría redefinir las condiciones de contratación en el país.

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