La presencia de Karina Milei y Adorni funcionó como una señal explícita de que la Casa Rosada sigue de cerca la dinámica legislativa. La indefinición sobre el pliego de Villaverde expuso disputas de poder todavía no resueltas. Además, la alusión a los 30 mil desaparecidos durante la jura evidenció los puntos de fricción simbólicos que incomodan a Villarruel y que continúan atravesando la institucionalidad.
Bullrich buscó reafirmar su capacidad de conducción en el Senado en un contexto de tensiones internas.
El oficialismo libertario abrió una nueva etapa en el Senado con el recambio legislativo, buscando traducir su triunfo del 26 de octubre en control político efectivo sobre una Cámara que le resultó adversa durante su segundo año de gestión. La escasa representación propia, la inexperiencia de sus senadores y la tensión persistente entre la Casa Rosada y Victoria Villarruel habían derivado en un clima disfuncional y en múltiples derrotas parlamentarias.
La jura de 23 de los 24 senadores electos —con la exclusión de Lorena Villaverde por su impugnación vinculada al narcotráfico— anticipó que esta nueva fase también estará atravesada por conflictos internos. La presencia de Patricia Bullrich y Karina Milei operó como una señal política hacia Villarruel: el Ejecutivo busca acotar su autonomía dentro del Senado. La breve ceremonia mostró fricciones abiertas, desde el enfrentamiento por los invitados hasta la intervención de Karina Milei en la disputa por los palcos, lo que profundizó la tensión institucional. Villaverde ingresó y se retiró casi de inmediato para evitar un conflicto mayor; su pliego quedó en suspenso y volverá a comisión.
El Senado se perfila así como un doble escenario de disputa: por un lado, con la oposición respecto de las reformas que impulsa el Ejecutivo; por otro, como un espacio de medición de fuerzas dentro del propio oficialismo. El acuerdo entre jefes de bloque permitió que la sesión avanzara sin incidentes, pero la decisión de posponer la jura de Villaverde refleja que su situación se convirtió en una variable estratégica. Con la caída de los dictámenes al finalizar las sesiones ordinarias, el tratamiento del pliego deberá reiniciarse en diciembre, una vez conformadas las nuevas comisiones.
La breve presencia de Villaverde en el recinto confirmó que no estaban los votos necesarios para habilitar su incorporación, lo que abrió reproches internos hacia la conducción de Bullrich. Tras retirarse, la senadora electa cuestionó públicamente la decisión, apelando a la falta de condena judicial en su contra.
El oficialismo confía en que la nueva correlación de fuerzas podría mejorar su posición para aprobar el pliego, pero enfrenta un margen temporal acotado. Si el tema no queda resuelto antes del debate presupuestario, deberá pedirle la renuncia para permitir la asunción de su suplente, Enzo Fullone.
Aunque los bloques habían acordado evitar intervenciones políticas para mantener la jura en un marco estrictamente institucional, la presencia de Patricia Bullrich desbarató ese equilibrio. Su intención de hablar al finalizar la ceremonia fue bloqueada de inmediato por Villarruel, quien invocó el acuerdo previo y levantó la sesión para impedir cualquier intervención.
El cruce continuó fuera de micrófonos: Bullrich se acercó al estrado y cuestionó en voz alta el número de invitados que algunos senadores llevaron —señalando especialmente a una legisladora de Unión por la Patria— y las demoras en asignar palcos para funcionarios de la Casa Rosada, incluida Karina Milei. Aunque no quedó registrado en la transmisión oficial, el episodio circuló rápidamente en redes y expuso el nivel de fricción que podría caracterizar el vínculo entre ambas dirigentes.
El gobierno interpreta el ingreso de Bullrich al Senado como una posibilidad de recomponer la dinámica interna y revertir la secuencia de tropiezos legislativos. Entre los gestos políticos visibles, Karina Milei destacó como una de las principales impulsoras del respaldo a la nueva jefa de bloque.
La disputa por los palcos durante la jura expuso una tensión de fondo entre Victoria Villarruel y Karina Milei que viene desde el inicio de la gestión. Para la hermana del Presidente, los primeros gestos de autonomía política de Villarruel fueron interpretados como un intento de construir poder propio, lo que derivó en un distanciamiento persistente y en el aislamiento institucional de la vicepresidenta.
La asistencia de Karina Milei se definió a último momento y, dada la rotura del vínculo operativo entre el Senado y la Casa Rosada, el pedido de espacio llegó a través de Patricia Bullrich. Para el entorno de Villarruel, esto constituyó un desaire formal: el palco presidencial ya estaba asignado a los gobernadores presentes y el aviso de Presidencia ingresó cuando todo el dispositivo estaba cerrado.
La llegada de Karina Milei junto a Adorni, Santilli y Lule Menem derivó en una escena incómoda: permanecieron de pie mientras el personal buscaba un lugar, sin poder desplazar a periodistas ni modificar la organización ya establecida. Finalmente, la familia de un senador cedió su palco, pero el mensaje político ya estaba dado: Villarruel mostró que conserva capacidad de maniobra dentro del Senado. A la salida, Bullrich justificó la presencia de los funcionarios y defendió su derecho a asistir en igualdad de condiciones que los gobernadores.
Durante la ceremonia, Villarruel debió leer las fórmulas de juramento elegidas por cada senador, pero quedó visiblemente desconcertada cuando la fueguina Cristina López incorporó una consigna explícita sobre derechos humanos. Tras mencionar la defensa de las Islas Malvinas, la legisladora enfatizó —con tono deliberadamente marcado— que juraba “por los 30.000 desaparecidos”. La escena introdujo un gesto político de alto voltaje simbólico en un recinto ya tensionado y puso de relieve la incomodidad de Villarruel frente a las referencias al terrorismo de Estado, un tema particularmente sensible en su trayectoria pública.
En las sesiones extraordinarias, el Senado deberá abordar dos iniciativas clave que ingresarán por la Cámara alta: la reforma de la Ley de Glaciares y la Reforma Laboral. Aunque el Gobierno prioriza el tratamiento del Presupuesto 2026, busca instalar ambos temas desde el inicio del período para evitar demoras y filtraciones que puedan complicar la discusión. La Casa Rosada apunta a presentar la versión definitiva de la reforma laboral el 9 de diciembre.
En paralelo, Patricia Bullrich comenzó a posicionarse en la agenda pública desde su nuevo rol en el Senado. Anunció que investigará la transparencia de la AFA por presuntas irregularidades, un movimiento que combina intervención política y alto impacto mediático.
















