Implicaría un gasto extra de US$ 10 millones para el Estado

La estrategia electoral del oficialismo volvió a poner en jaque su propio relato. A contramano de la prédica libertaria de “recortar el gasto político al máximo”, el gobierno de Javier Milei presentó ante la Justicia Electoral un pedido formal para reimprimir todas las boletas únicas ya listas para ser distribuidas en la provincia de Buenos Aires.

El objetivo es claro: eliminar la imagen de José Luis Espert, quien en las últimas semanas quedó fuera de la contienda bonaerense y renunció también a la Comisión de Presupuesto en medio de los señalamientos por sus vínculos con el empresario narco Fred Machado.

Pero la decisión tiene un costo mayúsculo. Si la Justicia Electoral aprueba el pedido, será necesario destruir todo el material ya impreso y ejecutar una reimpresión completa, lo que supondría un gasto adicional que, según estimaciones oficiales, supera los 10 millones de dólares.

El episodio no solo desnuda la improvisación con la que se reconfiguró la lista bonaerense, sino que también expone la contradicción entre el discurso de austeridad de Milei y la práctica concreta de su gobierno en plena campaña. Mientras tanto, desde la oposición ya se preparan presentaciones judiciales para cuestionar el uso de recursos públicos en una decisión que consideran “puramente política”.

El oficialismo recurre a la Justicia para reordenar listas y reimprimir boletas: un gasto millonario que genera polémica

La renuncia de José Luis Espert, vinculado políticamente a figuras del narcotráfico internacional, obligó al oficialismo a tomar decisiones urgentes que ahora llegan a la Justicia Electoral. La Casa Rosada presentó un pedido ante el juzgado a cargo de Alejo Ramos Padilla, buscando resolver tres cuestiones claves:

1. Dar de baja a Espert en las listas de La Libertad Avanza (LLA).

2. Autorizar que Diego Santilli reemplace al diputado liberal en la cabeza de la lista, en lugar de la exvedette Karen Reichardt, quien según el orden original de la nómina le correspondería ocupar el puesto.

3. Aceptar la reimpresión total de las Boletas Únicas de Papel (BUP) para toda la provincia de Buenos Aires, generando un costo superior a los 15 mil millones de pesos (aproximadamente 10 millones de dólares).

Según trascendió, los apoderados de LLA buscan que este gasto no sea cubierto por el partido, sino por el Estado, a través del Ministerio del Interior, lo que ha provocado malestar en otros espacios políticos.

Uno de los que cuestionó la maniobra fue Jorge Taiana, candidato de Fuerza Patria, quien declaró: “Esperemos que el juzgado electoral rechace cualquier intento de reimprimir boletas que están oficializadas y con todos los plazos de modificación vencidos”.

El episodio expone la tensión interna en el oficialismo, la improvisación en plena campaña electoral y las repercusiones que puede tener la utilización de recursos públicos para resolver disputas partidarias. Además, plantea un desafío para la Justicia Electoral, que deberá equilibrar la legalidad del proceso con la presión política de las fuerzas involucradas.

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La movida oficialista para reimprimir las boletas de la provincia de Buenos Aires no sólo implica eliminar todo el material ya impreso, embalado y catalogado según sección electoral, sino también duplicar jornadas de trabajo y abonar adicionales al personal que participó de la operatoria. El costo estimado de esta decisión supera los 15 mil millones de pesos, una cifra que según críticos podría haberse destinado, por ejemplo, al financiamiento del Hospital Garrahan.

La iniciativa va a contramano del acuerdo firmado el 1 de septiembre por los apoderados de cada partido, que ratificó el diseño de las boletas de acuerdo con el artículo 63 del Código Nacional Electoral, que establece como último plazo 60 días previos a los comicios. En condiciones normales, la Justicia Electoral no tendría margen para ordenar una reimpresión, especialmente cuando las boletas ya se encuentran en proceso de fraccionamiento y distribución.

El candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana, criticó duramente la medida y aprovechó para cuestionar al oficialismo: “La renuncia de Espert no borra ni limpia la matriz de corrupción que ha mostrado el Gobierno de Milei con el caso $Libra, las coimas del 3%, la estafa a los productores, los negociados de la timba financiera y el criminal endeudamiento externo”. Además, sostuvo que la salida de Espert representa “un logro del pueblo argentino, que repudia su conducta y asociación con Machado”.

El episodio evidencia no sólo la tensión interna dentro de La Libertad Avanza, sino también la contradicción entre el discurso de austeridad del gobierno y la práctica política concreta, que implica un gasto millonario en plena campaña electoral y un desafío para la Justicia Electoral, obligada a decidir sobre un pedido que combina intereses partidarios, plazos legales y la presión mediática.