La trama detrás del pacto entre Cerimedo y Rodrigo Paz para responsabilizar a Evo Morales.

El expresidente Evo Morales denunció una presunta operación política destinada a responsabilizarlo por el intento de femicidio contra Nadia Beller. Según su versión, detrás de la maniobra estarían el gobierno de Rodrigo Paz y el consultor argentino Fernando Cerimedo, quien se encuentra detenido en Bolivia. Se trata de acusaciones de extrema gravedad que deberán ser determinadas por la Justicia y cuya evidencia central requiere peritajes independientes.

Uno de los elementos más controvertidos es la aparición de Aldo Silva Peña, señalado como supuesto sicario, quien desde la clandestinidad habría intentado vincular a funcionarios de Cochabamba con el ataque. Morales interpreta esas declaraciones como parte de una estrategia para desplazar la responsabilidad hacia su sector político y construir una acusación contra el expresidente.

La relación entre Paz y Cerimedo constituye otro eje de la denuncia. Morales sostiene que existe una alianza política y comunicacional entre ambos y vuelve a poner bajo la lupa un supuesto audio en el que ambos hablan de cómo presentar un eventual estado de sitio y de la posibilidad de comenzar acciones en el Chapare, región identificada con el movimiento de Morales. Si la grabación fuera auténtica y su contexto fuera confirmado, el contenido plantearía un problema institucional de enorme magnitud, por la utilización de medidas excepcionales como instrumento de disputa política.

Beller, por su parte, sostiene que Cerimedo estuvo detrás de la emboscada y presentó como elemento de prueba las semejanzas entre el lenguaje utilizado por el supuesto sicario y el que atribuye al consultor: expresiones, puntuación y determinadas formas de escritura. Sin embargo, una coincidencia lingüística puede constituir un indicio, pero no demuestra por sí sola la identidad del autor. La pericia informática y lingüística solicitada será fundamental para determinar si los mensajes fueron efectivamente escritos por la misma persona.

El caso adquiere una dimensión política mayor porque combina violencia contra una mujer, acusaciones de conspiración, manipulación comunicacional, persecución política y sospechas sobre el funcionamiento de las instituciones bolivianas. Morales sostiene que existe una utilización del aparato judicial para avanzar contra él y, por esa razón, busca eventualmente llevar el caso a organismos internacionales.

La cuestión de fondo es especialmente delicada: si las denuncias terminan siendo respaldadas por pruebas, no estaríamos solamente ante un enfrentamiento entre dirigentes, sino ante una posible utilización de estructuras políticas, comunicacionales y estatales para fabricar responsabilidades y neutralizar adversarios. Pero mientras las pericias y la investigación judicial no establezcan responsabilidades concretas, las acusaciones deben mantenerse en el terreno de las hipótesis y no presentarse como hechos comprobados.