Los sindicatos que representan a docentes y trabajadores universitarios resolvieron profundizar las medidas de fuerza ante la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese marco, la Conadu anunció un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto, mientras distintas organizaciones analizan la convocatoria a una nueva marcha nacional.
La protesta se produce después de más de 300 días desde la publicación de la ley y pese a que el Congreso la ratificó y distintos fallos judiciales reclamaron su aplicación. Los gremios cuestionan que el Gobierno nacional continúe postergando las transferencias y aumentos previstos por la normativa.
Durante la jornada, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), federaciones sindicales y la Federación Universitaria Argentina (FUA) analizarán la posibilidad de coordinar las acciones para fortalecer el reclamo y avanzar hacia una nueva movilización federal.
Uno de los principales puntos de conflicto es la situación salarial. Según las organizaciones gremiales, los trabajadores universitarios perdieron cerca de un tercio de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023 y necesitarían una recomposición superior al 50% para recuperar el nivel salarial de aquel momento.
El deterioro también se refleja en las universidades. De acuerdo con datos citados por el CIN, más de 10.000 docentes e investigadores dejaron sus cargos desde el inicio de la actual gestión. Las organizaciones atribuyen parte de este proceso a la falta de actualización presupuestaria y a las dificultades para sostener salarios, investigación, funcionamiento y becas.
El conflicto ya acumula varias jornadas de paro. La Conadu Histórica realizó una huelga de cinco días entre el 18 y el 22 de agosto, mientras otros sindicatos mantienen medidas de fuerza y reclaman que el Ejecutivo cumpla con la Ley 27.795.
En paralelo, creció la tensión entre los gremios y funcionarios del área educativa. Desde AGD UBA cuestionaron las declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien calificó las medidas anteriores como ilegales y de carácter político. El sindicato rechazó esas afirmaciones y defendió la legitimidad de las huelgas.
Una audiencia convocada por el juez federal Martín Cormick entre representantes del Gobierno y las universidades terminó sin acuerdo. Ahora, el sector universitario concentra sus expectativas en la paritaria prevista para el 1° de septiembre, aunque los gremios manifiestan un fuerte escepticismo respecto de la posibilidad de alcanzar una solución.
Desde una perspectiva crítica, el conflicto excede la discusión salarial: enfrenta dos posiciones sobre el financiamiento y el rol de la universidad pública. Mientras los gremios denuncian un proceso de deterioro presupuestario y pérdida de poder adquisitivo, el Gobierno sostiene una política de mayor restricción del gasto. La falta de acuerdos y el incumplimiento denunciado de una ley ratificada institucionalmente alimentan un escenario de creciente confrontación, con una nueva marcha federal como próximo punto de presión.
