Despidos y falta de indemnizaciones golpean al Parque Industrial de Gualeguaychú.

Dos empresas del Parque Industrial de Gualeguaychú, Uniónbat y Laboratorios Pyam, despidieron a 120 trabajadores y quedaron en el centro de una denuncia sindical por el presunto incumplimiento del pago de las indemnizaciones.

Martín Gómez, trabajador de Uniónbat e integrante de la comisión directiva del sindicato del sector, sostuvo que la situación no puede explicarse únicamente por una crisis empresarial, sino que constituye, según su interpretación, una maniobra para evitar afrontar los costos laborales.

Uniónbat, dedicada a la fabricación de baterías para autos, camiones y motos, cesó sus actividades en Entre Ríos y despidió a sus 100 trabajadores. De acuerdo con Gómez, luego de agotarse las instancias de conciliación, la empresa tenía un plazo para abonar las indemnizaciones. Sin embargo, vencido ese período, los trabajadores continuaban sin recibir el dinero.

El caso de Laboratorios Pyam involucra a otros 20 empleados despedidos. Según el dirigente sindical, la empresa directamente comunicó que no pagaría las indemnizaciones y que los trabajadores debían recurrir a la Justicia para reclamarlas.

El sindicato denuncia una maniobra de vaciamiento

Frente a esta situación, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas calificó lo ocurrido como una “maniobra de vaciamiento y fraude laboral”. La organización sostiene que más de 120 familias quedaron sin empleo y sin cobrar las indemnizaciones correspondientes.

Un elemento que el sindicato considera especialmente relevante es que ambas empresas se presentaron en concurso de acreedores pocos días después de despedir al personal, sin haber pagado previamente las indemnizaciones.

Esto genera un conflicto que excede la discusión sobre la continuidad de las empresas: el eje pasa por determinar si el procedimiento concursal está siendo utilizado para afrontar una situación económica real o si funciona como mecanismo para postergar o reducir las obligaciones con los trabajadores.

Una situación que trasciende a los 120 despedidos

El caso evidencia una problemática doble. Por un lado, la pérdida de 120 puestos de trabajo impacta directamente sobre numerosas familias y sobre la actividad económica de Gualeguaychú. Por otro, la falta de pago de las indemnizaciones deja a los trabajadores sin el respaldo económico previsto precisamente para afrontar una desvinculación laboral.

La denuncia sindical, por lo tanto, plantea una cuestión central: una empresa puede atravesar dificultades económicas, pero eso no elimina automáticamente sus obligaciones laborales. En este caso, serán las autoridades laborales y eventualmente la Justicia las que deberán determinar si existió un incumplimiento o una maniobra fraudulenta.

La frase de Gómez —“no es una crisis, es una estafa”— sintetiza la posición del sindicato: para los trabajadores, el problema no es solamente haber perdido sus empleos, sino que las empresas habrían intentado trasladarles el costo de su situación económica mediante el incumplimiento de las indemnizaciones.