Una nueva semana de movilizaciones reunirá a distintos sectores afectados por las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei. Jubilados, docentes y estudiantes universitarios, empresarios PYMES, organizaciones sociales y personas endeudadas llevarán sus reclamos a las calles, en un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo, la caída del consumo y las dificultades para sostener la actividad económica.
Uno de los principales reclamos estará protagonizado por las personas endeudadas. Según los datos citados del Banco Central, alrededor de 5,8 millones de personas mantienen créditos impagos o atrasos importantes, una situación que se suma a otras formas de endeudamiento presentes en la economía informal. Las centrales sindicales sostienen que muchas familias recurren al crédito para afrontar gastos básicos como alimentos, alquiler, servicios y medicamentos.
La CGT, las dos CTA y la UTEP, junto con organizaciones sociales y agrupaciones de personas endeudadas, marcharán el jueves hacia el Ministerio de Economía. El objetivo es visibilizar el crecimiento de las deudas familiares y cuestionar un modelo económico que, según las organizaciones convocantes, ha reducido los ingresos mientras aumentan los costos de vida.
Ese mismo día, las PYMES realizarán una movilización frente a la Casa Rosada. Empresarios agrupados en ENAC y APYME denuncian un fuerte deterioro del mercado interno y advierten sobre el cierre de miles de unidades productivas. Reclaman una Ley de Emergencia Pyme que permita contener la pérdida de empresas y sostener el empleo.
El sector universitario también profundizará su plan de lucha. Las federaciones docentes anunciaron nuevas jornadas de paro y actividades públicas para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Entre sus principales demandas figuran una recomposición salarial, el pago de retroactivos y mayores recursos para hospitales universitarios y becas. El reclamo se intensifica tras meses de incumplimiento de la normativa.
Los jubilados, por su parte, volverán a concentrarse este miércoles frente al Congreso. Sus organizaciones denuncian que los ingresos previsionales resultan insuficientes para cubrir alimentación, medicamentos y vivienda, y cuestionan las políticas que, según sostienen, profundizan la pérdida de poder adquisitivo de los adultos mayores.
La sucesión de protestas muestra que el malestar económico atraviesa sectores muy diferentes. El endeudamiento de las familias, la crisis de las pequeñas empresas, el conflicto universitario y el deterioro de los ingresos de los jubilados tienen un elemento común: la dificultad para sostener el consumo y las condiciones básicas de vida.
El escenario también evidencia una creciente articulación entre organizaciones sindicales, sociales, empresariales y sectores autoconvocados. La estrategia de movilizaciones escalonadas busca aumentar la presión sobre el Gobierno sin llegar todavía a un nuevo paro general, aunque los sectores más combativos reclaman avanzar hacia una medida de alcance nacional.
La semana de protestas expone así un problema que dejó de ser sectorial. La pérdida de ingresos, el endeudamiento y la caída de la actividad económica comienzan a funcionar como factores comunes que conectan a trabajadores, jubilados, estudiantes, empresarios y familias. La respuesta del Gobierno frente a estos reclamos será determinante para saber si el conflicto social continúa profundizándose o encuentra canales de negociación.
