A 32 años del atentado a la AMIA, nuevas revelaciones reavivan las críticas sobre la investigación.

Al cumplirse 32 años del atentado contra la AMIA, la revisión de archivos desclasificados de la ex SIDE volvió a poner en evidencia las irregularidades que marcaron la investigación desde sus inicios. Entre los hallazgos figura un listado de teléfonos atribuido a una agenda de Carlos Telleldín —vendedor de la camioneta utilizada en el ataque— que nunca fue incorporado al expediente judicial y permaneció oculto en archivos de inteligencia.

Uno de los números registrados pertenecía a Ricardo Horacio Elía, colaborador cercano del exagregado cultural iraní Mohsen Rabbani, considerado durante años uno de los principales sospechosos de planificar el atentado. La aparición de este documento reabre interrogantes sobre información potencialmente relevante que no fue puesta a disposición de la Justicia y refuerza las sospechas de maniobras de ocultamiento por parte de los organismos de inteligencia.

El expediente también volvió a poner en discusión el denominado «Testigo A», un ciudadano iraní que, antes y después del atentado, ofreció información a cambio de dinero. Aunque fue remunerado con autorización judicial, su testimonio estuvo rodeado de cuestionamientos y terminó siendo descartado por las dudas sobre su credibilidad y su vínculo con la SIDE. Sin embargo, fue uno de los primeros en mencionar a presuntos integrantes de Hezbollah que hoy continúan bajo investigación.

La fiscalía avanza actualmente hacia un eventual juicio en ausencia, orientando la acusación principalmente contra ciudadanos libaneses vinculados con Hezbollah, mientras reduce el peso de las hipótesis que señalaban directamente a diplomáticos iraníes. No obstante, el proceso aún enfrenta obstáculos judiciales y se estima que un eventual juicio no se concretaría antes de 2028.

Desde una perspectiva crítica, las nuevas revelaciones refuerzan la percepción de que la investigación estuvo condicionada por disputas entre los servicios de inteligencia, la Policía Federal y la Justicia. Tres décadas después del atentado, persisten interrogantes fundamentales sobre la ejecución del ataque y sus responsables materiales, mientras las deficiencias, omisiones y posibles maniobras de encubrimiento continúan siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar verdad y justicia.