Hambre con trabajo: la nueva paradoja argentina…

El contraste evidencia la fragilidad del empleo argentino: trabajar ya no garantiza salir de la pobreza. La informalidad, los bajos salarios y la inflación crónica erosionan el poder adquisitivo, mientras el Estado pierde capacidad de contención real. Así, crece un nuevo fenómeno social: los trabajadores pobres, o, como los llama el informe, los asalariados con hambre.

En términos estructurales, la situación expone el desacople entre crecimiento macroeconómico y bienestar social. Los indicadores del INDEC pueden mostrar una leve mejora gracias a aumentos de ingresos nominales o a políticas temporales de asistencia, pero en la vida cotidiana la mejora no se traduce en comida en la mesa.

El dato de la UCA funciona, entonces, como una advertencia: la Argentina atraviesa una etapa en la que tener empleo ya no significa vivir con dignidad. Y mientras las estadísticas oficiales celebran una reducción técnica de la pobreza, millones de trabajadores viven la otra cara de los números, esa donde el salario no alcanza, la heladera está vacía y la esperanza, cada vez más, se mide en raciones.

Metodología del informe

El relevamiento del Observatorio de la Deuda Social de la UCA se basó en una muestra representativa de más de 8.000 hogares ubicados en los principales aglomerados urbanos del país, entre ellos el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gran Rosario, el Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán y el Gran Mendoza, entre otros.

El índice de inseguridad alimentaria se construyó a partir de un puntaje de 0 a 12, que mide el grado de privación alimentaria en hogares con niños, niñas y adolescentes. Para ello se analizaron las respuestas a cinco preguntas específicas, diseñadas para detectar desde la reducción en la calidad y cantidad de los alimentos hasta la falta total de acceso a comidas en determinados períodos del mes.

De esta forma, el indicador no se limita a observar el nivel de ingresos, sino que permite identificar experiencias concretas de hambre o restricción alimentaria dentro de los hogares, ofreciendo una mirada más cualitativa y profunda sobre la situación social.

El hambre entre quienes trabajan

Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, el 15% de los trabajadores asalariados del país sufre inseguridad alimentaria, es decir, no logra acceder de manera regular a una alimentación suficiente y nutritiva, aun teniendo empleo.

Para construir el indicador, los investigadores aplicaron una escala de privación alimentaria compuesta por cinco preguntas que indagan sobre las experiencias de los últimos doce meses: desde la reducción en la calidad de los alimentos hasta la falta de comida por falta de recursos económicos. Cuanto mayor es el puntaje obtenido (de 0 a 12), mayor es el nivel de inseguridad alimentaria del hogar.

El relevamiento incluyó más de 8.000 entrevistas en los principales centros urbanos del país —como el AMBA, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, San Miguel de Tucumán y el Gran Mendoza— y permite dimensionar la magnitud de un fenómeno que crece incluso entre quienes formalmente tienen trabajo.

Los trabajadores informales y con menor educación, los más afectados

El informe de la UCA advierte que la inseguridad alimentaria ya no es un fenómeno limitado a los sectores desocupados o marginales. Incluso entre quienes tienen un empleo formal, el problema está lejos de ser ajeno. Según los datos, el 15,2% de los trabajadores asalariados experimenta algún grado de inseguridad alimentaria, mientras que entre los empleados formales la cifra alcanza el 7,4%.

La situación se agrava entre los ocupados no asalariados —como cuentapropistas, trabajadores informales y empleadas de casas particulares—, donde el porcentaje de afectados trepa al 25,3%. En estos casos, la falta de estabilidad laboral, los bajos ingresos y la ausencia de cobertura social generan un escenario de vulnerabilidad estructural que compromete el acceso a una alimentación adecuada.

El estudio también subraya que los niveles de educación son un factor determinante: a menor formación, mayor probabilidad de caer en inseguridad alimentaria. Esta combinación de precariedad laboral y desigualdad educativa configura una de las expresiones más visibles del deterioro social en la Argentina actual.

Desigualdad educativa y laboral: un factor clave en la inseguridad alimentaria

La inseguridad alimentaria alcanza al 25,3% de la población ocupada no asalariada, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. El estudio advierte que las brechas socioeconómicas y educativas son determinantes para comprender la magnitud del problema.

Entre las personas con secundario incompleto y empleos informales, el índice se dispara hasta el 34%, reflejando el impacto de la precariedad laboral y la falta de oportunidades educativas sobre las condiciones básicas de vida. En el otro extremo, solo el 2,8% de quienes cuentan con título universitario y trabajo registrado atraviesa situaciones de inseguridad alimentaria.

Esta brecha evidencia que el acceso a la educación y al empleo formal sigue siendo una de las principales barreras que separan a los trabajadores argentinos entre quienes logran cubrir sus necesidades alimentarias y quienes deben resignarlas parcialmente.

Conclusiones del estudio: educación, sindicalización y empleo formal, claves para garantizar la seguridad alimentaria

Según el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la inseguridad alimentaria se eleva al 34% entre quienes no completaron el nivel secundario, evidenciando la estrecha relación entre educación, empleo y vulnerabilidad social.

El estudio concluye que la precariedad laboral es uno de los principales factores que explican la falta de acceso regular a una alimentación adecuada. Los trabajadores sin aportes a la seguridad social registran niveles de inseguridad alimentaria significativamente más altos que aquellos que cuentan con empleo formal.

El nivel educativo también aparece como una variable determinante: a menor formación, mayor es la probabilidad de sufrir privaciones alimentarias.

Por último, el informe destaca que los trabajadores afiliados a sindicatos presentan mayores niveles de seguridad alimentaria, posiblemente debido a mejores condiciones laborales, mayor estabilidad y acceso a derechos básicos.

Cómo mide el INDEC la pobreza y la indigencia en la Argentina

En la Argentina, la pobreza y la indigencia son medidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a partir de los ingresos monetarios de los hogares. Este enfoque, de carácter unidimensional, considera únicamente cuánto dinero percibe una familia, sin incorporar otras variables estructurales como educación, salud, vivienda, acceso a servicios básicos o condiciones laborales.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, el 31,6% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Para realizar esta medición, el INDEC utiliza dos indicadores clave: la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral de indigencia, y la Canasta Básica Total (CBT), que define la línea de pobreza al incluir, además de alimentos, bienes y servicios esenciales no alimentarios.

En septiembre, el organismo informó que una persona adulta necesitó $380.858 mensuales para no ser considerada pobre. Esto implica, por ejemplo, que un jubilado que percibió la mínima —de $390.277 con bono incluido— no figura estadísticamente como pobre, aunque en la práctica su ingreso apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas.

Este tipo de medición permite observar la evolución de los ingresos, pero no refleja con precisión las condiciones reales de vida, especialmente en contextos de alta inflación, precarización laboral y desigualdad estructural.

Un jubilado de la mínima no es considerado pobre

Según el INDEC, un adulto necesita $380.858 mensuales para no ser considerado pobre. En el caso de un hogar de tres integrantes, el ingreso mínimo asciende a $936.911; para cuatro personas, a $1.176.852; y para cinco, a $1.237.789. En tanto, el umbral de indigencia se ubica en $170.788 mensuales por adulto.

Sin embargo, estas cifras no incluyen los gastos de alquiler, un dato significativo en un país donde, según el Censo 2022, una de cada tres familias no es propietaria.

Ambas canastas —la Básica Alimentaria (CBA) y la Básica Total (CBT)— se actualizan según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Aunque la metodología se mantiene desde hace años, la estructura de gastos de los hogares cambió drásticamente: desde diciembre de 2023, los servicios públicos pasaron a representar una proporción mucho mayor del presupuesto familiar, mientras que en el cálculo oficial mantienen un peso menor frente a los alimentos.

Esto genera una distorsión estadística: la inflación medida por el INDEC subestima el impacto real del aumento de tarifas y alquileres, y con ello también subestima la pobreza. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, utiliza una canasta más actualizada —basada en la Encuesta Permanente de Hogares 2017/18— que pondera con mayor realismo el costo de los servicios. Según esa medición, la inflación acumulada desde la asunción de Javier Milei es 30 puntos porcentuales superior al promedio nacional, lo que sugiere que la pobreza real en la Ciudad sería varios puntos más alta que la registrada oficialmente.

En síntesis, los ingresos nominales de los trabajadores y jubilados aumentaron, pero no lo suficiente para sostener el poder adquisitivo. El consumo masivo en caída durante gran parte del mandato de Milei lo demuestra. Sin embargo, como las canastas oficiales se actualizan por una inflación calculada con una estructura de consumo obsoleta y desactualizada, el porcentaje de pobreza aparece a la baja.

El resultado es un efecto estadístico paradójico: los números oficiales muestran una mejora que no se percibe en la vida cotidiana.