La denuncia no solo pone en cuestión la gestión contable y administrativa de la principal entidad del fútbol argentino, sino que también plantea dudas sobre la transparencia en el manejo de recursos que deberían destinarse al Estado. En sistemas tributarios sólidos, la retención y depósito de impuestos y cargas sociales es un deber estricto; su incumplimiento puede reflejar tanto deficiencias internas de control como posibles maniobras deliberadas para utilizar fondos públicos de manera indebida.
Tapia y Toviggino profundizan su crisis.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunta apropiación indebida de impuestos y aportes a la seguridad social.
En medio de una ofensiva judicial que expone bienes de alto valor y millonarios flujos financieros vinculados a la AFA, la DGI presentó una nueva denuncia contra la conducción de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, a quienes acusa de evadir impuestos y aportes a la Seguridad Social por más de 7.500 millones de pesos, profundizando las sospechas sobre el manejo económico del organismo.
Según la denuncia, los incumplimientos impositivos de la AFA se habrían producido entre agosto y septiembre de 2025, mientras que los aportes previsionales —aunque retenidos— no fueron depositados en el sistema de seguridad social entre diciembre de 2024 y septiembre de este año, regularizándose recién en las últimas horas. La DGI precisó que el área de Grandes Contribuyentes detectó la falta de pago en término de declaraciones juradas vinculadas a regímenes de retención de IVA, Ganancias y contribuciones sociales. No obstante, el propio organismo aclaró que, al 10 de diciembre de 2025, las retenciones impositivas seguían impagas, mientras que las correspondientes a la seguridad social ya habían sido abonadas en su totalidad, lo que refuerza la imputación de una conducta sistemática más que un mero atraso administrativo.
ARCA sostiene que la AFA actuó con dolo, al señalar que la entidad —y en particular su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia— era plenamente consciente de su condición de agente de retención y de su obligación legal de ingresar los fondos retenidos, obligación que estaba en condiciones de cumplir. En la denuncia, la DGI afirma que el incumplimiento no fue accidental, sino deliberado, ya que las retenciones fueron efectivamente practicadas. Además, el organismo subraya que este tipo de conductas afecta directamente la capacidad financiera del Estado, al privarlo de recursos esenciales para sostener el gasto público y cumplir sus funciones básicas.
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