Levantado el secreto, el consultor político Fernando Cerimedo aseguró que, en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), un tres por ciento de los pagos ilegales se destinaba directamente a la Casa Rosada. Sus declaraciones refuerzan las denuncias sobre un esquema de recaudación irregular que involucra a funcionarios del organismo y abre la puerta a nuevas indagaciones judiciales.
El levantamiento del secreto de sumario en la causa por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad abrió la puerta a una declaración explosiva. Fernando Cerimedo, consultor político y figura cercana a La Libertad Avanza, aseguró ante la Justicia que Diego Spagnuolo le confesó la existencia de un entramado de sobornos que alcanzaba a las más altas esferas del poder.
Según Cerimedo, las droguerías abonaban un 8% sobre lo facturado, de los cuales un 3% llegaba directamente a la Casa Rosada. En ese esquema, Eduardo “Lule” Menem —uno de los hombres más influyentes del oficialismo— habría recibido “un palo por mes”. Y lo más delicado: tanto el presidente Javier Milei como la ministra Sandra Pettovello fueron informados personalmente por Spagnuolo sobre esas maniobras.
El testimonio exhibe con crudeza que la cúpula del gobierno no solo conocía las prácticas irregulares, sino que también dio “órdenes de arriba” para que se mantuviera el sistema. La presunta complicidad presidencial, reforzada por la inacción ministerial, convierte a este caso en un escándalo político de dimensiones inéditas para una administración que había hecho de la lucha contra la “casta” su bandera.
La crisis ya tuvo sus primeras consecuencias: Milei apartó a Lule Menem de la coordinación de la campaña y colocó en su lugar a Pilar Ramírez, mano derecha de su hermana Karina. Una decisión que, más que estratégica, parece dictada por la necesidad de contener las esquirlas de un caso que amenaza con devorar la legitimidad del oficialismo.
Mientras tanto, la figura de Spagnuolo se vuelve clave. Su indefinición sobre si presentarse como imputado colaborador mantiene en vilo al expediente. Su eventual cooperación podría confirmar las piezas que hoy aparecen dispersas en testimonios y filtraciones, consolidando un cuadro en el que ya no se habla de irregularidades aisladas, sino de un sistema aceitado de recaudación ilegal.
Lo que queda en evidencia es que, detrás del discurso libertario y las promesas de transparencia, se desplegó un mecanismo de corrupción que golpea en la línea de flotación del propio Milei. La Justicia tendrá ahora la última palabra, pero el costo político ya comenzó a cobrarse: el escándalo dejó expuesta la contradicción entre el relato de “la nueva política” y las viejas prácticas que, lejos de erradicarse, parecen haber encontrado refugio en la cima del poder.
