El Congreso destituyó al mandatario interino y postergó la elección de su reemplazante. El nuevo jefe de Estado deberá gobernar hasta el 28 de julio, a menos de dos meses de los comicios generales.
Desde Lima, un nuevo episodio de inestabilidad política sacudió al país. El Congreso destituyó al presidente interino José Jerí, quien había asumido el cargo el 10 de octubre tras la caída de Dina Boluarte. Su gestión se extendió apenas cuatro meses.
La censura fue aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, sobre 102 legisladores presentes en un Parlamento unicameral de 130 miembros. La fiscalía le abrió investigación por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Hasta el cierre de esta nota, el mandatario destituido no se había pronunciado públicamente.
El Congreso resolvió postergar para la tarde la elección del nuevo presidente, que deberá surgir entre los propios legisladores. El próximo jefe de Estado —el octavo en una década— ejercerá el cargo hasta el 28 de julio, cuando asuma el gobierno elegido en los comicios generales previstos para el 12 de abril.
Mayoría simple y mecanismo parlamentario
Jerí accedió a la presidencia por su condición de titular del Congreso al momento de la destitución de Boluarte, quien no contaba con vicepresidente. A su vez, Boluarte había reemplazado a Pedro Castillo tras su destitución en diciembre de 2022.
Para remover a Jerí, el Congreso aplicó la figura de censura al presidente del Parlamento, lo que implicó automáticamente su salida de la jefatura del Estado. A diferencia de la vacancia presidencial —que exige 87 votos, equivalentes a dos tercios del pleno— la censura requiere mayoría simple.
Gran parte de sus aliados de derecha y ultraderecha le retiraron el respaldo en un contexto preelectoral marcado por escándalos. Solo el fujimorismo mantuvo su apoyo, aunque resultó insuficiente para evitar la destitución.
Reuniones secretas y contratos cuestionados
El deterioro político comenzó con la difusión de una fotografía en la que se lo observaba encapuchado ingresando por la noche a un restaurante de comida china para reunirse en privado con dos empresarios vinculados a contratos estatales. Uno de ellos, Zhihua Yang, propietario del local, volvió a encontrarse con el mandatario días después en un bazar de su propiedad.
Constructoras chinas asociadas a Yang obtuvieron contratos por aproximadamente 580 millones de dólares durante la gestión de Jerí. Una investigación parlamentaria previa había señalado a estas empresas por presuntas coimas en licitaciones públicas y por incumplimientos contractuales.
El otro empresario presente en la reunión, Ji Wu Xiaodong, enfrenta un proceso por presunto tráfico ilegal de madera amazónica y cuenta con una orden de detención domiciliaria. Pese a ello, ingresó en otra oportunidad al Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente junto a otros empresarios.
Las explicaciones de Jerí —quien sostuvo que la cena fue casual y que solo conversaron sobre actividades protocolares— no lograron revertir el impacto político. También argumentó que desconocía los vínculos empresariales de Yang con el Estado, pese a haber integrado una comisión parlamentaria que investigó a constructoras chinas.
Nuevas denuncias y antecedentes
La crisis se profundizó con revelaciones sobre contrataciones estatales posteriores a extensas visitas de particulares al Palacio de Gobierno. Según trascendió, al menos una veintena de personas habrían sido incorporadas a la administración pública tras reuniones privadas con el mandatario.
Antes de asumir la presidencia, Jerí ya acumulaba denuncias graves, entre ellas una acusación de violación sexual archivada por la fiscalía y señalamientos por presuntos sobornos durante su labor legislativa. A pesar de esos antecedentes, fue elegido titular del Congreso en julio de 2025 por una coalición parlamentaria que evitó exponer a sus principales figuras en un año electoral.
Con su caída, el país vuelve a exhibir un escenario de alta fragilidad institucional, con sucesivos recambios presidenciales en un período de fuerte desgaste del sistema político.
