El ex fiscal y docente de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Terrón, consideró que la discusión sobre la edad de imputabilidad era necesaria, aunque sostuvo que el debate parlamentario fue limitado. También advirtió que la medida por sí sola no resolverá los problemas de inseguridad.
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó por amplia mayoría un nuevo régimen penal juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos, y fija además un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes.
En ese contexto, Sergio Terrón, ex fiscal y profesor de Derecho en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), sostuvo que “el debate era necesario”, aunque consideró que el margen de discusión fue “bastante acotado”.
El especialista recordó que hasta 1980 la edad de imputabilidad era de 14 años y que, con el retorno de la democracia, se elevó a 16. “Estamos hablando de más de 40 años. Nuestra sociedad es otro mundo”, señaló, al tiempo que remarcó la necesidad de contextualizar el fenómeno delictivo juvenil.
Terrón también se refirió al uso de adolescentes por parte de bandas criminales para cometer delitos. Indicó que este fenómeno ya era observable años atrás y que motivó modificaciones en el artículo 44 del Código Penal para agravar las penas de adultos que utilizan menores en hechos ilícitos. “Evidentemente este fenómeno se ha profundizado”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que la baja de la edad de imputabilidad es “solo una herramienta más” y que la reducción de los niveles de violencia requiere políticas públicas integrales. Mencionó como ejes centrales el acceso a la educación, la garantía de la escolaridad, una adecuada alimentación, atención médica y condiciones de vida digna. En esa línea, evocó la histórica consigna de priorizar la construcción de escuelas antes que cárceles.
En su análisis, también destacó la necesidad de combatir el narcotráfico en todas sus variantes y advirtió que se trata de un fenómeno de gran poder económico y político. “Es una caja muy grande y es un factor más del poder”, sostuvo.
Por otra parte, cuestionó la disminución de institutos de contención para menores en la provincia de Buenos Aires. Señaló que en la década del 90 existían más de 100 establecimientos de alojamiento y que actualmente funcionan bajo un sistema limitado, con escasa disponibilidad de plazas. Consideró fundamental aumentar el financiamiento y garantizar espacios adecuados que respeten los estándares de derechos del niño, incorporados a la Constitución Nacional.
Para Terrón, la discusión legislativa debe complementarse con políticas estructurales que atiendan las causas profundas del delito juvenil y fortalezcan los dispositivos de prevención y contención social.
